Desde la Secretaría Departamental de Víctimas, Paz y Posconflicto, de la cual es titular, designado por el gobernador Silvano Serrano, el sociólogo Pedro Durán Barajas tiene como uno de sus propósitos la creación del Museo y Laboratorio Multimedia de Víctimas del conflicto armado en Norte de Santander. 

En diálogo con La Opinión, el también exconcejal de Cúcuta explica el alcance de su iniciativa y da cuenta de la gestión emprendida a través de su despacho en los últimos meses.

En Norte de Santander, ¿cuál es la situación de las víctimas del conflicto armado hoy?

Un poco más de 252.000  nortesantandereanos son víctimas del conflicto. Esa condición se les reconoce porque ellos o sus familiares cercanos sufrieron alguno de los 15 hechos de victimización que establece la Ley de Víctimas. Cerca de 88.500 están en Cúcuta y 33.000 en Ocaña. Una parte importante ha recibido ayudas de la Unidad Nacional de Víctimas. Aunque estas casi nunca son suficientes, implican el compromiso del Estado con su reparación. Hay víctimas que siguen esperando indemnizaciones, para lo cual muchos han recibido asistencia o asesoría de la Gobernación, a través de la Secretaría de Víctimas, que los encausa en las rutas de atención de las entidades nacionales. 

¿Dónde están esas otras 100.000 víctimas más?

Un número muy alto de víctimas está en zonas rurales o muy próximas a las mismas, en donde el conflicto no ha cesado. Hay regiones como el Catatumbo donde continúan las restricciones a la movilidad, el reclutamiento forzado, la instalación de minas antipersona y se han vivido situaciones de confinamiento en medio del enfrentamiento entre grupos armados ilegales. En muchas zonas del departamento, antiguamente ocupadas por las Farc, el control del Estado no es pleno, lo que significa que han llegado otros grupos armados. Todo esto significa que el posconflicto no inicia plenamente en Norte de Santander, y en muchos lugares, especialmente en el Catatumbo, la fábrica de víctimas no se ha cerrado.

¿Cómo se ha reflejado en Norte de Santander el acuerdo de paz con las Farc?

El acuerdo ha sido muy favorable para Norte de Santander. En La Habana, el Estado pactó con las Farc inversiones muy significativas en zonas de conflicto y con débil presencia estatal. Es lo que se conoce como las zonas PDET, que en nuestro departamento son ocho (Tibú, El Tarra, Sardinata, San Calixto, Hacarí, Teorama, Convención y El Carmen), el Gobierno Nacional ha comprometido recursos muy grandes en infraestructura vial, y de acueducto y saneamiento. Un ejemplo que ilustra muy bien los beneficios, es la pavimentación completa de la vía Astilleros-Tibú, cuyas obras iniciarán muy pronto. También es innegable el compromiso de paz de la mayor parte de los integrantes del antiguo frente 33 de las Farc.

¿Cuál es su lectura de las violencias generadas por los grupos armados que siguen activos en la región?

Si hay cultivos ilegales se promoverá la existencia de organizaciones ilegales que los controlen y que acaben imponiendo sus reglas a la población. La pregunta de fondo es, ¿por qué los cultivos ilegales no se acaban? La respuesta se basa en dos factores: el primero es económico. Hablo de la precariedad, cuando no hay la existencia de infraestructura que posibilite la agricultura legal como medio de subsistencia del campesinado. El segundo factor es la debilidad del Estado, pero no solo entendida como fortaleza policiva y militar, sino en todos los órdenes, incluyendo la presencia de servicios de salud, educación y Justicia. Eso es lo que pretende remediar el PDET, que aun cuando ya inició, tiene un horizonte de doce años.

¿A propósito, ¿en qué va la sustitución de cultivos ilícitos?

Es un componente del acuerdo de paz que hasta el día de hoy no ha funcionado. El Gobierno Nacional incumplió los tiempos pactados para los desembolsos argumentando la imposibilidad de financiar el programa, y los campesinos optaron por incumplir también. En medio de las recriminaciones mutuas se echó a perder la confianza y el programa fracasó. Vino entonces la erradicación forzada, que ha desencadenado enfrentamientos entre la fuerza pública y los campesinos. Es lo que se vive hoy en el Catatumbo. 

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¿Y qué se está haciendo desde la administración departamental para mitigar los impactos de esta situación?

La determinación del gobernador Silvano Serrano es mediar para recomponer la confianza entre las partes y lograr nuevos acuerdos de sustitución voluntaria, puesto que si el Gobierno insiste en la erradicación forzada sin apoyo económico y técnico a las comunidades campesinas, la consecuencia será, muy seguramente, que ante la imposibilidad de encontrar cultivos sustitutos con una rentabilidad parecida a la coca, los campesinos abandonen sus parcelas y migren a los centros urbanos. La otra opción es que los campesinos esperen a que cese la erradicación y siembren de nuevo o siembren en otro lugar, lo que implica mayor deforestación, persistencia del negocio ilegal junto con los actores que lo rondan, y costos inacabables de sucesivos esfuerzos de erradicación.

¿Sigue siendo entonces crucial la situación del Catatumbo?

Por supuesto. Mientras el problema del Catatumbo no se resuelva, el desarrollo del área metropolitana de Cúcuta estará gravemente lastrado. Pensemos cuáles son las ciudades más prósperas del país y veamos cómo su desarrollo tuvo origen en su fuerte vínculo con entornos rurales muy ricos que permitieron desarrollos agroindustriales que desencadenaron círculos virtuosos de riqueza. 

¿Y podría haber alguna alternativa para cambiar el escenario?

Una pequeña muestra de la revolución económica que podría desatarse si el Catatumbo llega a estar en paz, es la industria de la palma de aceite. Las hectáreas de palma que hay en Tibú, aun con problemas ambientales y de otros órdenes, prueban que si existe infraestructura, es posible desarrollar otros cultivos que desencadenen procesos agroindustriales generadores de empleo y riqueza.

¿Las víctimas del despojo de tierras tienen reparación en la región?

La restitución de tierras es una política de posconflicto, situación que en muchas zonas del departamento todavía no se ha hecho realidad. Es muy difícil que un campesino retorne a la parcela de la que fue desplazado si persiste la violencia y si el Estado no ha asumido a plenitud el control territorial, situación que en sectores como el Catatumbo todavía está lejos. En este tema la competencia la tiene la Unidad Nacional de Restitución de Tierras y los Tribunales de Tierras, que solo actúan en zonas seguras. Hay varios casos para mostrar, que no llegan a ser sino una pequeña parte de los reclamos de los campesinos despojados.

¿Qué le ha correspondido atender a su despacho en esta emergencia de la COVID-19?

Esta emergencia golpea con mayor severidad a los sectores pobres de la población que no tienen capacidad de ahorro ni empleo formal. En esa condición se encuentra la mayoría de la población víctima del conflicto, que son 252.000 personas, más del 15 por ciento de la población del departamento. Pero la emergencia sanitaria es para todo el mundo. Por lo tanto, la asistencia humanitaria no distingue entre víctimas y no víctimas. En esa medida, el despacho del gobernador ha enfatizado el apoyo a los municipios.

Gestión de la Secretaría 

¿Ya está en marcha su proyecto del museo virtual para la memoria del conflicto armado?

Sí. Ya está incluido en el proyecto del Plan de Desarrollo Departamental que fue sometido a consideración de la Asamblea. Lleva el nombre de ‘Catatumbo: Museo de Memoria y Laboratorio Multimedia’.

¿En qué consiste?

Queremos que sea pilar del rescate y la difusión de la memoria histórica del Catatumbo, que en buena medida es también la historia de Cúcuta. Es un proyecto de Museo, no de objetos, sino de experiencias audiovisuales creadas mediante tecnologías de vanguardia, que quiere también ser semillero de productores digitales audiovisuales de documentales, de cine y de televisión, para impulsar un nuevo clúster regional de economía naranja, consonante con lo que se propone en el Plan de Desarrollo del presidente Duque.