No se ha cumplido un mes desde que tomó posesión como alcalde de Cúcuta para el periodo 2016-2019 y César Omar Rojas Ayala ya empieza a hacerle frente a las demandas que buscan apartarlo de su cargo antes de tiempo.

A la fecha son dos los procesos, de un mismo denunciante, que hacen trámite en diferentes instancias y mediante los que se pretende demostrar que el mandatario local no podía ser elegido, el 25 de octubre del 2015.

La última demanda se conoció esta semana y tiene que ver con una aparente violación de los topes de ingresos y gastos de campaña, en que habría incurrido Rojas Ayala. El proceso hace curso en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Según el demandante, Néstor Beleño Carvajal, durante la pasada campaña, el alcalde de Cúcuta recibió un aporte de Carlos Alberto Ortega Araque por $100 millones, equivalentes a un 21% del total gastado por el gobernante ($473,9 millones) “violando el tope del artículo 23 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011”.

Sin embargo, esta norma lo que advierte es que: “Ningún partido, movimiento, grupo significativo de ciudadanos, candidato o campaña, podrá obtener créditos ni recaudar recursos originados en fuentes de financiación privada, por más del valor total de gastos que se pueden realizar en la respectiva campaña. Tampoco podrá recaudar contribuciones y donaciones individuales superiores al 10% de dicho valor total”.

Así las cosas, el 10% aplica es para el total de los gastos permitidos por el CNE en las elecciones de 2015, que para ciudades como Cúcuta fue de $1.617’936.803. En ese sentido, de acuerdo con esta interpretación de la norma, el aporte hecho por Ortega Araque equivaldría solo a un 6%. A pesar de esto, las conclusiones las deberá asumir es el CNE.

De otra parte, el demandante le reprocha al alcalde Rojas Ayala que el aportante de los $100 millones, “es un reconocido contratista del municipio  desde el 16 de marzo de 1999, que se ha cubierto bajo la figura de haber traspasado el día 12 de enero de 2006 el establecimiento de comercio Publicidad San Carlos en favor de su hijo Carlos Alfonso Ortega Gómez, pero sigue siendo su administrador”.

Es más, Beleño Carvajal asegura que Carlos Alberto Ortega Araque y su entorno familiar “deriva más del 50% de sus ingresos de contratos con el Municipio de Cúcuta”, con lo cual estaría violando el aparte de la Reforma Política que prohíbe la financiación por parte de personas naturales o jurídicas “cuyos ingresos en el año anterior se hayan originado en más de un cincuenta por ciento de contratos o subsidios estatales”.

En la demanda, también se cuestiona los aportes que el mismo César Omar Rojas Ayala le hizo a su campaña, más de $142 millones, los cuales, según el demandante, provienen de un incremento patrimonial no justificado, así como tampoco los de su primo César Mauricio Rodríguez Ayala, quien le aportó $127 millones.

De acuerdo con Néstor Beleño Carvajal, el estudio de la demanda le correspondió al magistrado Héctor Helí Rojas.

Admiten una en el Tribunal

Una segunda demanda que desde diciembre se venía promoviendo contra el alcalde de Cúcuta, César Omar Rojas Ayala, fue admitida, ayer, esta vez en el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.

El proceso, cuyo autor es el mismo Néstor Beleño Carvajal, sugiere que el gobernante local estaba inhabilitado para aspirar a las elecciones locales y regionales, por cuanto su esposa Zuleima Amparo Cruz Gaona se desempeña como fiscal sexta seccional de Cúcuta, y desde su cargo “adelantó indagaciones preliminares, mediante órdenes emite órdenes de archivo y misiones de trabajo, formula imputaciones, solicita medidas de aseguramiento y, en general, ejerce autoridad”.

Así las cosas, para Beleño Carvajal, “esa autoridad que ejerce, inhabilita a César Omar Rojas Ayala porque influye en su elección”.

Otro factor que habría inhabilitado a Rojas Ayala para aspirar, el 25 de octubre, fue la supuesta intervención que hizo en la celebración de contratos con el departamento.
Al respecto, el alcalde le manifestó recientemente a La Opinión que la demanda presentada carecía de fundamento.

“Soy una figura pública y si antes he tenido demandas hoy en día estaré más en la mira de la gente que quiere entorpecer nuestro trabajo, pero jurídicamente nos blindaremos y lo más importante es que haremos nuestro trabajo bien”, aseguró.

*La Opinión