Después de al menos cuatro procesos electorales en los que la violencia y la intimidación de los grupos al margen de la ley dejaron de ser la principal amenaza para la participación de los votantes, los comicios de autoridades locales y regionales que se avecinan, vuelven a estar marcados por un riesgo alto en materia de seguridad, especialmente en zonas como el Catatumbo.

La advertencia fue hecha por el propio Gobierno, que a través de la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, señaló que la principal amenaza que se cierne hoy sobre la democracia colombiana, “es la posible captura del Estado por parte del crimen organizado, a través de actos como financiación ilegal de campañas, corrupción y distintas formas de violencia hacia la comunidad y los líderes”.

Y es que mientras que en 2018, tanto para las elecciones legislativas como la primera y segunda vuelta presidencial no se reportaron alteraciones del orden público que afectaran el desarrollo de los procesos de votación, para la contienda del 27 de octubre ya son varias las alertas que están encendidas por cuenta de la incidencia que podrían tener el Eln, Los Pelusos, Caparrapos, El Clan del Golfo y Los Pachenga durante la jornada electoral y previo a ella.

“Me siento en el deber de expresar que tenemos todos, absolutamente todos, que hacer una denuncia pública, frente a la intimidación que se ve en las regiones de grupos armados ilegales que han venido ejerciendo contra los líderes sociales y que ahora pretenden también hacerlo con los líderes políticos”, manifestó el presidente de la República, Iván Duque.

Según la ministra del Interior, el incremento de los cultivos ilícitos en el país ha elevado el  riesgo de que organizaciones criminales pretendan utilizar las elecciones  para obtener un mayor control territorial, debido a que han fortalecido sus operaciones cuatro veces más.

En ese sentido, la funcionaria reconoció que el aumento de la violencia política en las regiones también representa una amenaza contra los nuevos comicios.

Dijo que para contrarrestar el accionar de los violentos que intentan empañar el ejercicio de la democracia en el país, ha sido diseñado el Plan Ágora, una estrategia de alcance nacional que contempla cuatro componentes: focalización de zonas críticas, articulación del Estado, participación ciudadana y visibilización. 

Acciones 

Durante el lanzamiento del Plan Ágora de Transparencia y Seguridad para las Elecciones Territoriales 2019, ayer, el Gobierno Nacional anunció la puesta en marcha de una serie de acciones encaminadas a garantizar el normal desarrollo de los comicios, así:

Activación del Grupo de Reacción Inmediata Electoral (GRIE).

Diseño de una ruta especial de protección para candidatos. Habrá acompañamiento de instituciones de seguridad y protección para el partido político FARC.

Activarán una ruta especial de la Comisión lntersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), para el proceso electoral.

“El éxito de esto va a depender de tener ciudadanos con capacidades de denunciar a tiempo”, manifestó el presidente Duque.

Cada tres días hay un asesinato

La alerta hecha por el Gobierno con relación al riesgo que pesa sobre el proceso democrático que está en curso, fue corroborada por un informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), según el cual, transcurridos 244 días del calendario electoral, en promedio cada tres días están asesinando a un líder político, social o comunal en Colombia.

La MOE señaló, igualmente, que es preocupante el nivel de violencia que se registra contra los precandidatos, pues a pesar de que todavía no se formaliza la inscripción de los aspirantes a los diferentes cargos de elección popular, 34 de ellos ya han sido víctimas de algún tipo de violencia (amenaza, secuestro, desaparición, atentado o asesinato). 

De hecho, llamaron la atención, toda vez que siete de esos postulados, cinco a alcaldías y dos a concejos, fueron asesinados.

En Norte de Santander, según el balance de la MOE, se han registrado cuatro casos en los que han resultado afectados líderes políticos: tres fueron homicidios y una amenaza.

El Catatumbo, entre tanto, se ubica como una de las zonas priorizadas para la implementación del acuerdo de paz en la que más víctimas de violencia política se registran a la fecha: 10 en total (siete asesinatos, dos atentados y una amenaza).