Desde finales de 2015, en Cúcuta, así como en otras ciudades y departamentos del país, la elección de contralores para el periodo 2016-2019 se convirtió en un asunto de primera plana. 

Los cambios en las reglas de juego que introdujo la Reforma al Equilibrio de Poderes, vigente desde mediados de 2015, y cuyo fin era “garantizar el fortalecimiento de la democracia y el sistema político” del país, terminaron por hacer de este proceso un verdadero enredo.

Y es que si bien las modificaciones aprobadas por el Congreso a la forma de elegir los titulares de los entes de control fiscal buscaban despolitizar estos trámites, lo que ha quedado en evidencia es que, por lo menos en el caso de Cúcuta, los intereses de determinados sectores políticos por quedarse con estas plazas y tener el control, se hicieron más palpables.

Hasta hace cuatro años, la Constitución Política le delegaba la responsabilidad a los tribunales de postular los candidatos en ternas integradas así: dos aspirantes presentados por el Tribunal Superior y uno por el correspondiente Tribunal de lo Contencioso-administrativo.

Sin embargo, con la reforma que impulsó el Gobierno Nacional, esta tarea recayó completamente en las corporaciones administrativas, elegidas popularmente, por intermedio de procesos de convocatoria pública “conforme a la ley, siguiendo los principios de transparencia, publicidad, objetividad, participación ciudadana y equidad de género”.

Falta de reglamentación

Aunque la nueva normatividad fue precisa en establecer las funciones  de concejales y diputados, respecto de la escogencia de los titulares del órgano de control fiscal, esta dejó un vacío que, a la postre, se ha convertido en uno de los principales dolores de cabeza para los encargados de ordenar los procesos de selección: la convocatoria pública.

En la Reforma se hace referencia a que la elección debe partir de este procedimiento, pero olvida que a la fecha no existe una reglamentación al respecto. Por esta razón, el propio Ministerio del Interior tuvo que pedir un concepto a la Sala de Consulta del Consejo de Estado para saber cómo tendrían que actuar los concejales y diputados.

En respuesta a la inquietud, este tribunal consideró que: “para el proceso de convocatoria pública que se exige como paso previo a la elección de contralores territoriales, las asambleas departamentales y los concejos municipales y distritales pueden aplicar, por analogía, lo dispuesto en la Ley 1551 de 2012 y su Decreto Reglamentario 2485 de 2014, sobre el concurso público de méritos para la elección de personeros municipales”.

Sin embargo, se advirtió que, en la escogencia final de los participantes que superen las diferentes etapas del proceso de selección no aplica un orden específico de elegibilidad, como si sucede para el caso de los personeros.

Entonces, ‘aquí fue Troya’, pues muchas asambleas y concejos, incluido el de Bogotá, quedaron inmersos en el dilema de cómo desarrollar dicha convocatoria, para no incurrir en irregularidades. En varios casos, todavía siguen a la espera de algunas precisiones que les permita proceder como es debido.

Al respecto, el abogado constitucionalista Juan Manuel Charry, consideró que en casos como estos, las reglas deben ser claras, en especial cuando hay concursos o convocatorias, para evitar que haya vacíos o interpretaciones acomodadas, como los que se están presentando en los procesos de elección de contralor.

“Uno de los principios básicos es que las reglas sean claras, si no lo son, las interpretaciones y los intereses de los diferentes grupos políticos se interponen y después vienen los problemas judiciales que le quitan legitimidad y certeza a los procesos”, aseguró Charry.

35 días de incertidumbre

En Cúcuta, más de un mes ha pasado desde que el Concejo  hizo la primera votación para elegir contralor municipal y en la que el voto en blanco se impuso sobre Alix Yirley Vargas Torrado, la única candidata que quedó de la lista de seleccionados presentada por la CUN, institución encargada de adelantar las diferentes pruebas de la convocatoria.

Y es que desde que empezó, el proceso ha estado envuelto en un mar de dudas y cuestionamientos, por los presuntos intereses políticos que buscarían favorecer a los allegados del excandidato a la Alcaldía de Cúcuta, Jorge Acevedo (quien pese a ser el favorito fue superado sorpresivamente por César Rojas), sumado a la diferencia de interpretaciones que se han dado en torno a las formas de votar.

El primer movimiento irregular  que se le achaca a la pasada mesa directiva del Concejo, es el cambio en las condiciones para la vinculación de la institución encargada de acompañar el proceso.

Aunque la plenaria ordenó, inicialmente, que fuera una universidad con facultad de derecho, de un momento a otro este requisito cambió y fue así como la CUN se quedó con el contrato.

Tal y como lo ha reseñado La Opinión, Víctor Carrillo, uno de los principales financiadores de la campaña de Jorge Acevedo, es socio de este centro de estudios, que se encuentra construyendo una sede en Cúcuta.

A esta escogencia le siguió una serie de hechos curiosos que fueron poniendo el dedo en la llaga sobre el cuestionado proceso de selección. La admisión, en las diferentes pruebas, de los amigos y familiares de Acevedo, como su esposa, las amigas de su pareja, y su hermano, con los puntajes más altos, por encima de excontralores, abogados y contadores, dejaron servido el debate.

Al final, una nueva jugada terminó por enredar aún más esta elección, que parece no encontrar su desenlace. De las tres candidatas que llegaron a la etapa final del proceso, Alix Yirley Vargas Torrado, Viviana García Martínez (amiga y compañera de tesis de Vargas Torrado), y Raquel Elisa Durán Angarita, las dos últimas renunciaron a su aspiración por estar inhabilitadas.

Así las cosas, en el camino solo quedó la esposa del excandidato a la Alcaldía de Cúcuta, quien no ha logrado que la elijan, lo que ha desencadenado una serie de demandas que van y vienen.

'No hay cultura para asimilar las reformas'

Para el exmagistrado Édgar Cortés, infortunadamente 25 años después de aprobada la Constitución de 1991, algunas figuras que fueron diseñadas para fortalecer la democracia no han sido bien asimiladas.

En ese sentido, dijo que en el país ha quedado demostrado que, culturalmente, las reformas y propuestas aprobadas para superar dificultades no son bien interpretadas, entre ellas esta que buscó el equilibrio de poderes.

“He tenido oportunidad de señalar que el juez de primera instancia de Cúcuta (que falló la tutela a favor de Yirley Vargas) no ha podido entender que la elección, en este caso de un contralor, le corresponde constitucionalmente a una competencia que es del Concejo”, consideró Cortés.

Cree que mal hizo la CUN en enviar un solo candidato en la lista de seleccionados, porque lo que está demostrando es que quien estaría en realidad eligiendo el contralor de Cúcuta no sería el Concejo, como dispone la Constitución, sino una universidad.

La Fundación Paz y Reconciliación también ha señalado las inconsistencias de estas nuevas formas de proceder  en la elección de contralores, y reprochó que en lugar de frenar la politización, la agudizó. En ese sentido, dijo que lo que ha quedado en evidencia hasta ahora es la forma como los clanes políticos regionales se las ingeniaron para “burlarse” y corromper los procesos a su favor.

“La elección de los máximos jueces del control fiscal y administrativo de los recursos de la Nación, ha estado marcada por el interés de políticos que buscan favorecer a sus redes con el propósito de tener control sobre estos órganos y de esta manera bloquear y limitar las posibles investigaciones sobre la gestión de las administraciones departamentales y municipales”, reprochó.

Así las cosas, como lo advierte la misma Fundación, el esfuerzo de la Reforma al Estado parece estar siendo anulado y por lo tanto, el remedio terminó peor que la enfermedad. “Hecha la ley, hecha la trampa”, dicen.

Los casos más sonados

Además del enredo que ha caracterizado la elección del contralor de Cúcuta, estos son otros de los casos que han llamado la atención en el país:

Bogotá: los concejales de Bogotá están enfrascados en una discusión frente a si la elección de contralor y personero debe hacerse mediante convocatoria pública o concurso de méritos. Esto ha prolongado la escogencia de los titulares de estos entes.

Córdoba: de acuerdo con un informe de la Fundación Paz y Reconciliación, la elección de Emilio Otero, exsecretario del Senado, como contralor de ese departamento, es una muestra de la influencia del poder político regional en este tipo de procesos. Otero hace parte del círculo más cercano al senador Bernardo ‘Ñoño’ Elías, cuñado del exgobernador que contrató  $56.000 millones con la CUN, institución encargada de liderar el proceso de evaluación de los candidatos a contralor. 

Valledupar: el Concejo eligió a Álvaro Luis Castilla, quien figura como uno de los aportantes a la campaña de Augusto Ramírez Uhía, actual alcalde y sobre quien pesan investigaciones por el favorecimiento de terceros en el despojo de tierras.

Bucaramanga: el nuevo Concejo de esa ciudad tuvo que revocar las resoluciones con las cuales se reglamentó y se inició la convocatoria pública, toda vez que la mesa directiva anterior se extralimitó en sus funciones y asumió tareas que no le correspondían dentro del proceso.