Una propuesta presentada por los congresistas del Centro Democrático Paloma Valencia, José Obdulio Gaviria y Samuel Hoyos, en la que plantean que ningún miembro del Senado y la Cámara de Representantes pueda ser llamado a juicio ni capturado sin permiso de la corporación a la que pertenecen, encendió el pasado miércoles el debate en el país.

La encargada de abrir la discusión y alertar sobre el supuesto ‘mico’ incorporado al proyecto de Reforma a la Justicia que acaba de radicar el Centro Democrático, fue la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios.

“Háganme el favor, no se ha enfriado la consulta anticorrupción y vean la belleza que me encuentro en la propuesta de reforma a la justicia”, escribió Barrios, acompañado de una foto del artículo propuesto por los miembros del uribismo.

Según consta en el texto del acto legislativo, el propósito de los senadores del CD es modificar el artículo 186 de la Constitución, que establece que: “De los delitos que cometan los congresistas, conocerá en forma privativa la Corte Suprema de Justicia, única autoridad que podrá ordenar su detención”.

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En su lugar, la norma quedaría así: “Ningún miembro del Congreso podrá ser aprehendido ni llamado a juicio sin permiso de la Cámara a que pertenezca, durante el período constitucional”.

De esta forma, el país volvería a la figura de la inmunidad parlamentaria que rigió antes de la Constitución de 1991, como una forma de garantizar que los congresistas opositores al gobierno de turno no fueran capturados en el marco de procesos penales, sin los respectivos permisos de la Cámara a la que pertenecieran. 

También, para que el Congreso pudiera “mantener su independencia y funcionar con todos sus miembros, ya que la aprehensión de alguno podría servir para cambiar su composición política”, según lo explicó el exconsejero de Estado, Antonio Alvarado.

Y aunque la senadora Paloma Valencia prefiere no referirse concretamente en términos de inmunidad parlamentaria,  sí reconoce que la idea es volver a lo que había antes y de esta forma evitar que en el país siga habiendo “justicias especiales”.

“Lo que se trata de hacer es volver a lo que había antes de la Constitución del 91, donde los congresistas y los magistrados eran juzgados como cualquier ciudadano por los jueces, pero para hacer eso no se puede dejar que todos los jueces manden órdenes de captura, porque imagínese en lo que terminaríamos”, explicó Valencia.

La congresista defendió la propuesta al asegurar que todos los países democráticos tienen un procedimiento de eliminación del fuero que pasa por el Congreso de la República, pero agregó que si el país considera que esta decisión la debe tomar la Corte Suprema de Justicia para el caso de los congresistas y el Congreso para los magistrados, el Centro Democrático está abierto a las propuestas.

“Lo prioritario no es quien quita el fuero, sino que puedan juzgar los jueces ordinarios. No debe haber una impresión de que hay una justicia diferente para altos funcionarios. La justicia es para todos”, reiteró.

Supercorte

En el mismo proyecto de Reforma a la Justicia presentado por los miembros del Centro Democrático, este partido propone nuevamente volver a una sola Corte, como lo planteó el ahora presidente Iván Duque en campaña.

“El Tribunal Constitucional Supremo es el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria y de la jurisdicción contencioso administrativa al que se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución”, plantea la propuesta del uribismo.

No obstante, el propio Gobierno, por intermedio de la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, se mostró en desacuerdo con esta posibilidad.

“La senadora pone sobre la mesa esa propuesta, pero el Gobierno no la acompañará. El tema se discutió y la senadora aclaró que no se trata de un punto de honor, el punto de honor es lograr la seguridad jurídica así que por eso se está trabajando en ese tema así haya multiplicidad de cortes”, dijo la ministra en Caracol Radio.