El procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, denunció que además del Frente Primero de las Farc, el séptimo tampoco se desmovilizaría. 

Según la Procuraduría, la información se obtuvo en terreno y se calcula que está compuesto por alrededor de 300 integrantes, entre milicianos y guerrilleros. 

“Los frentes 1 y 7 son responsables de gran parte de las actividades de narcotráfico y minería criminal que realizan las Farc. Su continuación en la violencia, como lo manifestaron recientemente, exige al país claridad absoluta del Secretariado de las Farc y del presidente Santos”, señaló la entidad de control disciplinario en un comunicado. 

El Ministerio Público manifestó que en los departamentos de Meta y Guaviare, los cerca de 800 miembros de esos dos frentes continuarían sus actividades terroristas. 

“Ambos frentes representan algo menos del 30% de los guerrilleros del Bloque Oriental, el más grande las Farc”, añadió la Procuraduría que insistió en que los acuerdos no hablan de la desmovilización de cerca de 8.000 milicianos. 

“Los colombianos entienden la paz como el fin del aparato armado de las Farc. Si no se concentran los miles de milicianos para desmovilizarse y si frentes completos se niegan a desmovilizarse y entregar las armas, el Acuerdo de La Habana se puede convertir en una gran estafa: todos los privilegios para la cúpula de las Farc, mientras más de la mitad de los integrantes del grupo continuarán delinquiendo”, señaló la Procuraduría. 

Para la entidad, el presidente debe ordenar inmediatamente la reactivación de operaciones militares contra las estructuras de Farc que no se van a desmovilizar, incluyendo los bombardeos contra sus campamentos. 

“Por último, es urgente utilizar todos los recursos posibles para eliminar los cultivos ilícitos en las zonas en las que delinquen tales frentes”, señaló. 

La Opinión