A diferencia de lo que sucedió con su compañero de gabinete, Abraham Ararat, el secretario de Prensa de la Alcaldía de Cúcuta, Carlos Alberto Díaz Calderón, se mantendrá suspendido de sus funciones, mientras avanza la investigación disciplinaria en su contra, por las presuntas irregularidades en que habría incurrido al tomar posesión de su cargo.

La Procuraduría Regional de Norte de Santander, al resolver una consulta elevada  por la defensa del secretario, consideró que en su caso no han desaparecido los motivos que dieron lugar a la medida cautelar y en ese sentido es necesario que continúe apartado de sus labores.

Díaz Calderón es investigado desde febrero pasado por la Personería de Cúcuta porque, al parecer, incumplió los requisitos de experiencia y formación académica para ejercer el cargo que le fue encomendado por el alcalde Jairo Yáñez, razón por la cual decidieron apartarlo de sus funciones por un periodo de tres meses.

Según el argumento que esgrimió en su momento el abogado externo que fue el encargado de llevar el proceso de Díaz, en los documentos aportados a la oficina de Talento Humano de la Alcaldía no apareció su título de grado como comunicador social y los estudios adelantados en el exterior no contaban con el lleno de los requisitos legales que exige el Ministerio de Relaciones Exteriores.

De la misma forma, señaló que no se aportaron certificados que acreditaran la experiencia profesional requerida en el Manual de Funciones de la Alcaldía Municipal.

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“Concluye la Personería Municipal de Cúcuta, soportado en los documentos allegados al expediente a través de la Secretaría de Talento Humano, que se incumplieron los requisitos de experiencia y formación académica para ejercer el cargo de Prensa y Comunicaciones por parte del señor Carlos Alberto Díaz”, se puede leer en el expediente.

La medida está justificada

Durante el trámite de la consulta ante la Procuraduría, la defensa del suspendido secretario alegó que la medida cautelar impuesta por la Personería era improcedente, toda vez que en este caso se “violentaron garantías inherentes al debido proceso”.

Lo anterior, por cuanto se habrían allegado pruebas ilegalmente obtenidas e ilegalmente incorporadas al proceso. “Desde la misma génesis del proceso, se incurrió en irregularidades, por cuanto sin haberse proferido auto de indagación preliminar, se practicaron pruebas que a la postre originaron la investigación disciplinaria”, fue uno de los cuestionamientos hechos por la apoderada de Carlos Díaz.

De la misma forma, reprochó que para esta investigación se haya comisionado a un particular, contratista de la Personería, desconociendo “las previsiones normativas establecidas”.

A pesar de estos y otros argumentos sustentados por la defensa del funcionario investigado, el procurador regional, Libardo Álvarez García, consideró que la medida provisional adoptada en este caso, está “justificada legítimamente, por lo menos en este momento”.

El delegado del Ministerio Público señaló que si bien ya hay algunos documentos exigidos para la toma de posesión del cargo que fueron incorporados dentro del proceso, como el título de grado profesional y la apostilla de la maestría en Democracia y Buen Gobierno que cursó Díaz en España, hay algunas constancias laborales que no cumplen con los requisitos.

En ese sentido, el procurador regional  insistió en su respuesta que: “se tiene que los documentos que respaldan la idoneidad para el ejercicio del cargo no fueron allegados con la ritualidad legal exigida, lo que implicaría que el funcionario disciplinado continúe desempeñando el cargo  sin cumplir con los requisitos exigidos por el Manual de Funciones del ente territorial”.