La de ayer fue una jornada atípica, pero también histórica en el Congreso de la República que tomó juramento para los próximos cuatro años.

Además de estrenarse un Estatuto de la Oposición que fue esquivo por largo tiempo y que tan solo pudo ver la luz con el acuerdo de paz de La Habana, después de 33 años los exintegrantes de la ahora desaparecida guerrilla de las Farc regresaron a uno de los principales recintos de la democracia, para materializar su compromiso de cambiar las balas por las ideas.

En 1985, como resultado del proceso de paz entre las Farc y el gobierno del entonces presidente Belisario Betancur, la agrupación insurgente decidió silenciar los fusiles para dar el tránsito a la vida política, bajo la plataforma de la Unión Patriótica (UP).

Aunque no fueron los únicos que hicieron parte de esta agrupación de fuerzas de izquierda con intereses en la política local, regional y nacional, las Farc tuvieron un importante peso en aquella transición.

Como parte de ese ejercicio, el exjefe guerrillero Iván Márquez, (quien tenía un cupo asegurado en el Senado para el próximo periodo, pero lo rechazó), llegó por primera vez al Capitolio, para representar al departamento de Caquetá, en la Cámara. Antes ya había sido concejal.

Otro de los dirigentes de la entonces agrupación guerrillera, Braulio Herrera, también hizo parte de la Cámara de Representantes.

No obstante, tan solo unos años después, como consecuencia del exterminio del que empezaron a ser víctimas los miembros de la UP, los delegados de las Farc decidieron regresar, unos a las armas, mientras otros se exiliaron.

La Habana les abrió el camino de regreso

Como parte del acuerdo que suscribieron en 2016 con el gobierno de Juan Manuel Santos, los integrantes de las ya desmovilizadas Farc pudieron asegurar su retorno al Congreso, en el cual estarán de manera directa en dos periodos consecutivos (2018-2022 y 2022-2026).

Tal y como quedó contemplado en el punto dos, relacionado con la Participación Política -uno de los principales objetivos de esta negociación- los ahora integrantes del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común tienen cinco cupos en el Senado de la República y un número igual en la Cámara de Representantes.

A partir de 2026, los candidatos de FARC tendrán que salir a asegurar las curules con sus propios votos.

Aunque este hecho es uno de los que más debate ha generado en el país, pues desde el Centro Democrático, principal opositor del acuerdo de paz, han insistido en que los autores de delitos de lesa humanidad no pueden llegar al Legislativo, ayer, los nuevos congresistas juraron defender la Constitución y las leyes, después de años de haber ido en contra de ellas.

Cambiaron el camuflado por el saco y corbata

Para la historia quedará también la imagen que ayer se vio en la sede del Capitolio Nacional, de un grupo de excombatientes de las Farc que resolvieron cambiar su camuflado por el saco y la corbata, para defender, ahora desde una curul en el Senado y la Cámara, aquellas propuestas para lograr una sociedad más incluyente y equitativa.

Entre los que llegaron primero al Congreso para asumir sus cargos legislativos estuvieron Carlos Antonio Lozada y Sandra Ramírez, quienes tendrán un escaño en el Senado.

Con ellos arribaron Jairo Quintero, Marcos Calarcá, Byron Yepes, Olmedo Ruiz y Sergio Marín, que tendrán asiento en la Cámara de Representantes.

Para la bancada de FARC en el Senado también fueron designados por ese partido: Pablo Catatumbo, Victoria Sandino y Benkos Biohó, este último en reemplazo de Iván Márquez, número dos de la antigua guerrilla y quien fue jefe negociador en los diálogos de paz en La Habana.

Jesús Santrich, quien se había hecho acreedor a una curul en la Cámara de Representantes, no pudo tomar posesión, pues se encuentra detenido, en el marco de un proceso por narcotráfico.

Como parte de lo que será su trabajo legislativo, la bancada de la FARC, que llegó con carteles promocionando el mensaje ‘Convergencia por la esperanza’, anunció que radicará varios proyectos entre ellos el derecho al agua, atención prioritaria de la primera infancia y reajuste anual de las pensiones.