Cada diligencia que vincula al exsenador Álvaro Uribe Vélez toma un rumbo diferente en su proceso judicial que se surte por presunta manipulación de testigos.

Este viernes, si bien el Juez Cuarto de Conocimiento de Bogotá dejó en firme la libertad que le fue otorgada en primera instancia, el pasado 10 de octubre, tomó determinaciones que tendrán efectos muy significativos sobre su proceso.

La más importante es que, según el juez, Uribe se encuentra en calidad de imputado pues la indagatoria rendida en octubre de 2019 en la Corte Suprema de Justicia equivale a la imputación de cargos, que hace parte del nuevo Código de Procedimiento Penal, en la ley 906 de 2004.

Si bien, se trata de una precisión técnica dentro del proceso penal que se sigue en su contra, tiene grandes implicaciones, pues significa que todas las pruebas practicadas por la Corte Suprema de Justicia tienen validez y que no será necesario comenzar el proceso prácticamente desde cero como si hubiera ocurrido si se mantenía la decisión de la jueza de primera instancia.

En este caso lo que dijo el juez, básicamente, es que la información expuesta en medio de la indagatoria, en la que se identificó plenamente a la persona investigada, se le mencionaron los hechos investigados, se le vinculó formalmente al proceso y conoció los delitos por los que es llamado ante los estrados judicial, es una fiel muestra que es similar al proceso de imputación de cargos que realiza la Fiscalía ante un juez de garantías.

Lo que viene

No obstante, penalistas como Camilo Burbano no parecen estar de acuerdo con la determinación adoptada este viernes, en audiencia virtual, pues para el experto la imputación de cargos que es expuesta por la Fiscalía General debe tener un control por parte de un juez de garantías.

En el caso de la indagatoria, Burbano explicó que no existe dicho control debido a que el llamado es un acto que hace la Fiscalía y la Sección de Investigación de la Corte Suprema de Justicia, pero que no tiene ningún tipo de control ante un juez, por lo que por ello no se permite la equiparación que concedió el juez de conocimiento.

Burbano dejó claro que el proceso ahora tiene tres escenarios, el primero de ellos es que se puede precluir la investigación, el segundo es que puede presentar un escrito de acusación, y el tercero que lo ve improbable, es que Uribe y la Fiscalía adelanten un principio de oportunidad como matriz para colaborar con la justicia.

A juicio de penalista Iván Durango, con estos escenarios, si no se precluye la investigación, lo que debe hacer el fiscal Gabriel Jaimes, quien lleva el caso del expresidente, es presentar ante un juez el escrito de acusación, posterior a ello, se realizará una audiencia de acusación formal.

Una vez se surta dicho proceso empieza la preparatoria a juicio, y posterior juicio que culmina con la práctica y exposición de pruebas de las partes, y con una audiencia de sentido de fallo, que en muchos casos puede ser absolutorio o condenatorio.

Así las cosas, el balón ahora se encuentra en manos de la Fiscalía General y de Jaimes, que en caso de decidir avanzar con el proceso judicial por los delitos de soborno y fraude procesal, pondría en manos de un juez la decisión de si el expresidente tuvo alguna relación con los hechos que también vinculan a su entonces abogado defensor Diego Cadena.

Pero lo más significativo de la decisión tomada este viernes por el juez es que Uribe podría verse abocado a que se le imponga una nueva medida de aseguramiento.

De acuerdo con la ley, esta medida solo puede imponerse si ya se han imputado cargos al sindicado. Como, según la juez de primera instancia, la imputación no se había hecho, no era posible imponer ninguna medida de este tipo.

Ahora, que la imputación está en firme, según lo explica el abogado Burbano, las víctimas en el proceso podrían pedir medida de aseguramiento contra el exsenador. Aunque normalmente este tipo de medidas las solicita la Fiscalía, una providencia de la Corte Constitucional dejó claro que, aún, cuando la Fiscalía General no lo solicite en un tiempo prudente, las partes declaradas como víctimas pueden hacerlo.

La libertad del exsenador ha sido hasta ahora el principal éxito de su defensa desde que decidió renunciar a su curul en el Congreso de la República, para que no fuera investigado por la Corte Suprema de Justicia, quien le dictó casa por cárcel, sino por la Fiscalía de Francisco Barbosa.

El proceso en su etapa inicial

Lo que expuso, en su momento, la Corte Suprema de Justicia es que contra Uribe Vélez existen pruebas que dan cuenta sobre su relación en la presunta manipulación de testimonios que recolectó Cadena en las diferentes cárceles del país para corroborar ante el alto tribunal que el expresidente no tuvo nexos con el paramilitarismo, como en su momento lo hizo ver el senador Iván Cepeda.

Fue precisamente en un debate de control político en donde el senador del Polo Democrático expuso unos testimonios de exparamilitares que daban cuenta de la presunta relación entre Uribe y las Autodefensas Unidas de Colombia.

Si bien, Cepeda extrajo los testimonios de manera correcta, según él, esto teniendo en cuenta que solicitó no solo permiso en las cárceles del país para visitar a los confesos paramilitares, sino también ante el Congreso de la República, y el Estado norteamericano con relación a los centros carcelarios que visitaría en ese país, Uribe lo llevó a los estrados judiciales.

La Corte Suprema empezó la investigación y en febrero de 2018 no halló responsabilidad alguna sobre el senador del Polo Democrático, mientras que sí logró demostrar una posible irregularidad sobre Uribe, de ahí que se abriera una investigación.

Uribe fue citado a indagatoria y la fecha fue pospuesta hasta octubre del año pasado, momento en que ideológicamente paralizó el país, no obstante, el rumbo de la investigación siguió, hasta que en una providencia de más de 1.500 páginas, el magistrado César Reyes de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, decidió otorgar casa por cárcel al exsenador.

Cuatro días después fue reseñado como preso por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, en la Hacienda El Ubérrimo, ubicada en Córdoba y de su propiedad. El giro en su reclusión se dio luego de su renuncia al Congreso, y desde ese entonces, el proceso judicial se ha movido en tres ocasiones ante diligencia virtual, en la que no solo hace presencia él junto con sus abogados Jaime Granados y Jaime Lombana, sino también el exfiscal Eduardo Montealegre, el exvicefiscal Jorge Perdómo y el senador Cepeda, quienes fueron catalogados como víctimas en el proceso.

Se espera ahora, bajo la ley 906, que el fiscal Jaimes en un tiempo no mayor a 120 días presente el escrito de acusación en contra del exsenador, o por el contrario determine si archiva su proceso.