En plena emergencia sanitaria y justo cuando las alarmas están encendidas en Ocaña por el número de casos de coronavirus que ya se registra en ese municipio, el Hospital Emiro Quintero Cañizares se quedó sin gerente, de manera temporal.

La Procuraduría General de la Nación resolvió abrir investigación disciplinaria y suspender por un periodo de tres meses al titular del principal centro médico de esa localidad, Jairo Pinzón López, a raíz de las presuntas irregularidades que habrían rodeado una millonaria contratación adelantada por el funcionario en los primeros meses del año.

Esta decisión se conoce apenas unos días después de que Pinzón López fuera ratificado en su cargo para un nuevo periodo, por el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, y tomara posesión del mismo.

Según informó el Ministerio Público, el gerente de la ESE habría incurrido en varias inconsistencias en la celebración de por lo menos 22 contratos de obra, suministros de material quirúrgico y de medicamentos, por más de $4.500 millones.

Los hechos que hoy lo tienen en la cuerda floja se conocieron tras un proceso preventivo que venía adelantando la Procuraduría Delegada para la Salud, la Protección Social y el Trabajo Decente, y en el que cual se detectó que el funcionario, al parecer, desconoció el Manual de Contratación durante la adjudicación de cinco contratos para la ejecución de obras en el Hospital, por casi mil millones.

De la misma forma, al comprometer bajo la modalidad de contratación directa más de $1.175 millones para el suministro de material quirúrgico y otros $2.387 millones para adquirir medicamentos.

“El investigado, al parecer, estaría eludiendo realizar el proceso de selección que corresponde según el objeto y las cuantías de los contratos, comprometiendo recursos que, al pertenecer al sector salud, se relacionan con un derecho fundamental y un servicio público esencial”, señaló la Procuraduría en un comunicado.

Al revisar en el Secop los cinco contratos de obra por los cuales investigan al funcionario, se observa que todos fueron suscritos el pasado 3 de marzo con la empresa JY Servicios SAS, representada legalmente por Yeily Marcela Botello Ortiz, con sede en Ocaña y dedicada a “actividades combinadas de apoyo a instalaciones”, según se puede leer en internet. (Ver facsímiles)

El primer contrato se dio por más de $100 millones y su objeto era la terminación de adecuaciones para la vía de acceso principal al Hospital. Los otros se concretaron por los siguientes montos:

-$197 millones: obras de adecuaciones para mantenimiento y mejoramiento del parqueadero de la ESE, en su segunda etapa.

-$262 millones: obras de adecuaciones para mantenimiento y mejoramiento del escenario deportivo interno de la ESE.

-$255 millones: obras de adecuaciones para mantenimiento y mejoramiento del escenario deportivo externo del Hospital.

-$122 millones: adecuaciones y mantenimiento general de la infraestructura de la sede principal y de los centros de salud de San Calixto, Teorama y Hacarí.

No habría solicitado autorización de la junta

Otro de los aspectos que le cuestionan al gerente del Emiro Quintero Cañizares y que originó la investigación en su contra, es el hecho de que habría incumplido su deber de solicitar autorización a la junta directiva para adelantar los contratos, por cuanto los dineros comprometidos sumaban más de $800 millones.

Según la Procuraduría, el Manual de Contratación es claro en cuanto a que al superarse los 1.000 salarios mínimos mensuales vigentes en una contratación, es necesaria la aprobación de la máxima instancia de decisión de la ESE.

Ante lo detectado, el ente de control ordenó la práctica de pruebas, con el fin de verificar la ocurrencia de las conductas presuntamente irregulares, determinar si constituyen faltas disciplinarias, esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometieron y el posible perjuicio causado a la administración pública.

El suspendido gerente, sin embargo, tendrá la posibilidad de solicitar que sea escuchado en versión libre para presentar su defensa y alegatos, frente a los hechos que lo comprometen.

La Opinión intentó comunicarse ayer con Jairo Pinzón López para conocer su reacción sobre la decisión adoptada en su contra, pero no respondió.

Por medio de la jefatura de prensa del Hospital se informó que durante el transcurso de la tarde se conocería un comunicado por parte del funcionario, pero este finalmente no fue expedido. 

Al respecto aseguraron que Pinzón definitivamente no se pronunciaría hasta tanto no fuera notificado del auto que profirió la Procuraduría.