El tener que abandonar su curul en el Senado de la República no es el efecto más grave de la decisión tomada recientemente por el Consejo de Estado al confirmar la nulidad de la elección de Antanas Mockus.

Lo peor para el exalcalde de Bogotá, quien acuñó hace varios años el concepto del ‘no todo vale’ y que se convirtió en adalid de buenas prácticas y buenas costumbres, es justamente que sale afectada su imagen de referente ético y queda en tela de juicio la filantropía promovida a través de su fundación Corpovisionarios.

Así lo consideran varios analistas, quienes coinciden en que no fue una buena estrategia de parte de Antanas Mockus caminar al filo de la ley y apelar a atajos jurídicos para aferrarse a su curul en el Senado, sabiendo que se violó el Régimen de Inhabilidades al inscribirse como candidato cuando había contratado con el Estado meses antes de las elecciones.

Suena extraño que una persona como Mockus, dice el analista y politólogo Fernando Giraldo, “que siempre ha defendido que debemos someternos a la legalidad, apele a cuanta argucia existe en Colombia para tratar de esquivar la ley o una norma que me aplicaron negativamente”.

“Criticable que Mockus haga eso cuando ha tratado de explicar y ha sido un pedagogo en que hay que respetar la ley y acogerse a ella. Es claro que estaba inhabilitado y eso de que acepta la decisión de la justicia pero no la comparte, lo que dice es que deja la puerta abierta para no cumplirla, pero eso es muy de nuestra cultura y Mockus no escapa a ello. Me parece triste que a esta altura de su vida insista en eso solo por el interés del partido que teme perder unos votos con los que salvó la personería jurídica”, agrega.

Este proceso legal contra Mockus, denunciado por varias personas que advirtieron que el exsenador del Partido Verde incurrió en faltas que ameritaban la pérdida de investidura y la nulidad electoral, puso también en el centro del debate el supuesto favorecimiento político a Corpovisionarios y los intereses detrás de la figura de las entidades sin ánimo de lucro en Colombia.

Es evidente que esas organizaciones, asegura el politólogo Alfredo Rangel, que se autodenominan sin ánimo de lucro y realizan multimillonarios negocios y contratos con el Estado, tienen como fin obviamente la ganancia y el lucro de sus dueños.

“Se adopta esta figura sencillamente para evadir impuestos y para facilitar esa ganancia compitiendo, además, de manera desleal y ventajosa con otras entidades comerciales que no se esconden detrás de la pantalla de ser sin ánimo de lucro”, dice el politólogo.

Bajo reserva de su identidad, un exmagistrado del Consejo de Estado aseguró que la realidad es que las fundaciones y esos convenios asociativos a través de los cuales se contratan a dedo sumas millonarias, “en no pocas ocasiones lo que se busca es favorecer intereses políticos y hacerle el quite a la Ley 80 de contratación porque no tienen que hacer una licitación.

En el ojo del huracán

Corpovisionarios, según el registro de la Cámara de Comercio de Bogotá, es una empresa registrada en octubre del 2001 como una ESAL (entidad sin ánimo de lucro) que goza de un régimen tributario especial porque se supone que no genera utilidades y sus rendimientos se reinvierten en el objeto social.

Lo llamativo es que esta entidad sin ánimo de lucro, que registró en 2019 activos por más de $1.235 millones y un patrimonio superior a $668 millones, tuvo su mayor impulso durante el segundo gobierno de Juan Manuel Santos, al que apoyó electoralmente en los comicios del 2014.

Desde entonces, el exsenador del Partido Verde ha realizado cerca de 30 contratos con organismos del Estado y gobiernos locales por más de $20.100 millones a través de los llamados convenios de asociación con entidades como Ecopetrol, el ICBF, la Universidad Nacional, la Dian, el Pnud, la OIM, varias alcaldías y la Agencia de Cundinamarca para la Paz y el Posconflicto, que fue a la postre el que significó su salida del Senado.

El mismo certificado de Inscripción y Clasificación del Registro Único de Proponentes obtenido dos días atrás señala que según el reporte de las entidades que han adjudicado contratos a Corpovisionarios o que se encuentran en ejecución o ejecutados, existen trece convenios a la fecha por un valor superior a los $4885 millones.

Dudas en las cifras

De este último listado de contratos registrados en la Cámara de Comercio de Bogotá, el de mayor cuantía es uno celebrado en el 2016 con el Departamento de Prosperidad Social para actividades relacionadas con el proceso de paz en varios regiones del país.

El País indagó sobre ese convenio, el 1580 del 2016 reportado en el Registro Único de Proponentes por un valor de $1353 millones para asuntos de desarrollo y servicios sociales.

La sorpresa es que ese mismo número de convenio fue registrado en el gobierno de Juan Manuel Santos ante el Departamento de Prosperidad Social por un valor de $2054 millones de pesos.

Es decir, el reporte ante la Cámara de Comercio de Bogotá se hizo por $700 millones de pesos menos que el valor real del convenio.

Con esa información, la Unidad Investigativa de El País intentó hablar con directivos de Corpovisionarios para tener claridad al respecto y sobre lo que significa para la entidad la situación actual del exalcalde Mockus, pero optaron por no hacer referencia al tema.

Pedro Ignacio Gómez, quien quedó al frente de la dirección ejecutiva de Corpovisionarios tras la renuncia el pasado 20 de enero de Henry Murraín, indicó que no se pronunciarán de momento sobre la situación de la Corporación ni del exalcalde bogotano.

El exfiscal Francisco José Sintura dijo sobre el particular que es necesario que en Colombia generemos un catálogo de conflicto de interés no solo en el sector público sino en el privado.

“Es necesario evitar que fundaciones con bueno o mal propósito se puedan ver beneficiadas económicamente en contra vía de sus objetivos que no son los de lucro, pero que podrían estar favoreciéndose a sí mismas o a quienes las manejan”, señaló Sintura.

En teoría, insiste Rangel, las organizaciones sin ánimo de lucro no reparten utilidades, pero sus propietarios se las arreglan a través de múltiples maniobras y maromas para apropiarse de esas ganancias.

“No existe el suficiente control de parte de las autoridades y por eso es la abundancia de ese tipo de organizaciones que deberían tener mayor vigilancia de parte del Estado para evitar el fraude a la opinión pública y al fisco nacional”, explicó.

De acuerdo con el Registro Único Empresarial (Rues), el portal de consulta administrado por las Cámaras de Comercio del país, en Colombia hay registradas más de 200.000 entidades sin ánimo de lucro.

En conclusión, señala el exmagistrado del Consejo de Estado, “para hacer un contrato con una entidad se exige una licitación y abrir unos pliegos, pero el convenio con entidades sin ánimo de lucro se hace a dedo y se evade la ley de contratación”.

“Pero aunque en el papel dice que son sin ánimo de lucro, ninguna tiene tampoco ánimo de pérdida”, remata.