La ampliación de la medida de aislamiento preventivo obligatorio que decretó el presidente Iván Duque, dos semanas más, llevó a replantear algunas de las decisiones que ya se habían tomado para el reinicio de ciertas actividades en el país e implicará algunos cambios en otras.

El Congreso de la República, por ejemplo, que durante varios días mantuvo el debate sobre la conveniencia de las sesiones virtuales y finalmente resolvió volver a reunirse el 13 de abril en el Capitolio Nacional, ya no podrá hacerlo, ante las nuevas decisiones adoptadas desde el Ejecutivo.

El presidente de la Cámara de Representante, Carlos Cuenca, fue el  primero en anunciar ayer que definitivamente sesionarán digitalmente, tal y como lo autorizó el presidente mediante un decreto, días atrás.

Por medio de una resolución, la mesa directiva de la corporación estableció que mientras se mantenga la emergencia sanitaria y por ende los riesgos para la salud y la vida de los representantes a la Cámara, “se permite que todas y cada una de las funciones que le corresponden a los representantes a la Cámara, de acuerdo con la Ley Quinta de 1992, puedan realizarse a través de medios virtuales, digitales o cualquier otro medio tecnológico”.

La medida también tomó fuerza luego de que un Comisión Accidental que delegó la mesa directiva de la Cámara, para hacer seguimiento a la implementación de las sesiones no presenciales, estableciera que este tipo de trabajo sí es constitucional y legal.

El presidente de la Cámara, sin embargo, no anticipó qué día empezarán a sesionar formalmente, toda vez que primero deberán definir la plataforma tecnológica mediante la cual trabajarán desde sus casas los representantes.

Al respecto, la Comisión Accidental le hizo un llamado a la Dirección Administrativa de la corporación, para que “con criterios de celeridad y austeridad seleccione e implemente la plataforma o sistema requerido, atendiendo las  consideraciones técnicas sobre las sesiones no presenciales del Congreso de la República”.

El sistema que se implemente deberá  garantizar la deliberación, la participación ciudadana y la independencia del voto cuando se trate de sesiones plenarias para evitar la suplantación. 

Mientras sea necesario para la Cámara trabajar de manera virtual, las firmas de los proyectos, ponencias, proposiciones o mociones podrán ser digitales o electrónicas.

La segunda vicepresidenta de la corporación, María José Pizarro, señaló que si bien ya se convocó a sesionar virtualmente, es necesario hacerlo rápido, porque más que un debate técnico, la decisión se convirtió fue en un debate político sin fin.

“Es inadmisible que el Congreso no haya sido convocado el 16 de marzo y hayamos podido realizar el control político de los decretos de fuerza de ley que ha emitido el presidente Duque”, consideró.

En el Senado de la República, hasta anoche no se había tomado una decisión respecto a si adoptarán el mismo sistema que en la Cámara.

Términos siguen suspendidos, pero buscarán solución

La otra Rama que está andando a media marcha por cuenta del COVID-19 es la Judicial y por esa razón los términos de algunos procesos se encuentran suspendidos hasta el 12 de abril.

Esto ha conllevado que, en el caso de las demandas administrativas, laborales, de familia y  otras similares, las mismas  hayan quedado en el congelador hasta tanto los despachos puedan volver a abrir.

En Norte de Santander fueron afectados por esta situación todos los procesos de nulidad que venían andando contra los elegidos en octubre del año pasado y con los cuales los demandantes buscan sacarlos de manera anticipada de sus cargos.

Antes de que se suspendieran los términos habían sido convocadas varias audiencias iniciales como las de los concejales de Durania, prevista para el 17 de marzo; la del concejal de Cúcuta, Mario Figueroa, programada para el 19 de marzo, y la del alcalde de Chinácota, José Luis Duarte Contreras, que se tenía que desarrollar el 25 de marzo. Ante lo sucedido, todas tendrán que ser reprogramadas.

También quedaron en veremos las demandas que cursan contra el proceso de elección del personero de Cúcuta, razón por la cual este despacho del Ministerio Público seguirá bajo encargo, a pesar de que ya han pasado tres meses desde la fecha en la que se debió elegir a su nuevo titular, y un mes desde que inició el nuevo periodo en esa dependencia.

Las únicas excepciones que se han fijado por parte del Consejo Superior de la Judicatura son para las audiencias concentradas de legalización de capturas, formulación de imputación y solicitudes de medida de aseguramiento, controles de legalidad, y solicitudes de libertad.

Las acciones de tutela también tienen prelación, así como los habeas corpus.

Teniendo en cuenta que el aislamiento se prolongará dos semanas más, la presidenta de la Judicatura, Diana Remolina, manifestó que en las próximas horas definirán cómo seguirá trabajando la Rama Judicial desde el próximo lunes 13 de abril.

“La suspensión de términos no podrá ser infinita, es cierto, pero seguimos concentrados analizando cómo y cuándo poder levantarla responsablemente, en condiciones seguras para servidores, abogados y usuarios, optimizando la capacidad institucional con la que contamos y previendo  eventuales dificultades”, manifestó la funcionaria.

¿Y los Planes de Desarrollo?

Aunque el Gobierno Nacional todavía no se pronuncia sobre el cronograma de los Planes de Desarrollo que deberán ser presentados a los concejos y asambleas antes del 30 de abril y  estar aprobados a finales de mayo, la prolongación de la cuarentena aumentó las voces que piden aplazar la entrega y revisión de estos documentos.

El Partido Conservador manifestó  que en aras de garantizar que todos los recursos técnicos que existen en el país se enfoquen en superar la crisis generada por el coronavirus, y dar la oportunidad a los municipios y departamentos para que evalúen nuevamente las metas de inversión, plazos, y presupuestos, es importante que se extiendan los plazos fijados por la ley para la aprobación de los Planes en todas las regiones.

Un grupo de organizaciones sociales también respaldó  la petición que ya habían hecho los miembros de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado y le solicitó al Departamento Nacional de Planeación, que se amplíen los plazos para formular estos instrumentos de planeación, y se fijen lineamientos de acompañamiento.