Todos los analistas del conflicto colombiano (de izquierda, de derecha y de centro), coinciden en que las raíces del conflicto se hunden en el problema agrario. Avanzar en la solución de estos viejos problemas del país es condición insoslayable para llegar a una paz sostenible y duradera.

Por eso no fue extraño que el acuerdo número uno de La Habana, cuya negociación tomó año y medio, ocupe lugar destacado dentro de lo que se acordó con las Farc.

La implementación en los años venideros (dentro de lo que se conoce como el posconflicto) del punto número uno es, pues, una de las agendas centrales que tendrán las políticas públicas del país en el futuro.

Lo primero que hay que afirmar de manera rotunda –pues se han escuchado voces que aseguran lo contrario— es que el acuerdo dedicado al tema agrario de ninguna manera atenta contra la propiedad privada, ni contra la seguridad jurídica de quienes tienen sus tierras bien habidas en Colombia, ni contra el debido proceso. En esto el equipo negociador del Gobierno fue extremadamente cuidadoso. Fue una de las “líneas rojas”que desde un inicio se tuvo en claro que no se podían sobrepasar.

El acuerdo contempla, en primer lugar, la creación de un Fondo de Tierras que, a lo largo de los próximos diez años, les entregue tres millones de hectáreas a campesinos hoy sin tierra o con tierra insuficiente.

Este fondo no se nutrirá con expropiaciones arbitrarias de tierras debidamente explotadas, como también se ha dicho. Se nutrirá de la recuperación de baldíos que le han arrebatado al Estado, de la desafectación de tierras –para poderlas titular— de predios que hoy están cobijados por los perímetros de la Ley 2 de 1959, de la extinción de dominio de tierras que han sido incautadas al narcotráfico, de la adquisición de tierras por la autoridad agraria, entre otros mecanismos.

Pero el acuerdo uno de La Habana no se reduce simplemente a repartir tierras ‘peladas’, como se decía en los tiempos del antiguo Incora. Contempla, y este es quizás el núcleo central del acuerdo, la profundización en los años venideros de la dotación a las zonas rurales del país (comenzando por aquellas donde hay mayores índices de pobreza y de marginalidad) de lo que se conoce como “bienes públicos”, es decir, dotación de salud, vivienda, educación, vías terciarias, comercialización, riego y drenaje, etc., que haga posible que los índices de calidad de vida de las comarcas rurales se asemejen a los de las ciudades.

Pues de eso se trata finalmente todo el ejercicio: que confluya en el tiempo la calidad de vida rural con la que se registra en las zonas urbanas. Hoy el desequilibrio en contra de lo rural es agobiador. Y es el caldo de cultivo permanente del conflicto.

El acuerdo contempla también el compromiso de formalizar siete millones de hectáreas durante el periodo del posconflicto. Una de las malformaciones más protuberantes de la ruralidad en Colombia es la informalidad, es decir, que la gente no cuenta con escrituras. Vive inmersa en la tenencia precaria de sus predios. Esto los margina del crédito, del mercado hipotecario, de las ayudas y subsidios, en breve, de la modernidad. Se calcula que cerca del 50% de los predios que se trabajan honestamente en Colombia no tienen escrituras en debida forma.

Para el caso de la zona del Catatumbo se deben agregar tres comentarios a lo que de manera general, para el conjunto del país, he desarrollado en las líneas anteriores.

Primero, la región del Catatumbo es uno de los territorios donde mayor informalidad de la propiedad rural se registra en Colombia. Así lo testimonian las estadísticas disponibles. Por tanto, tendría toda la justificación del mundo que el programa de formalización masiva prevista para el posconflicto se iniciara con un macizo programa piloto en el Catatumbo. Con ese programa se le entregarían escrituras a un número plural importante de campesinos ubicados en aquella región.

Segundo, la adjudicación de parcelas, prevista dentro del programa del Banco de Tierras –contemplado en el punto número uno de La Habana— está dirigida prioritariamente a campesinos “sin tierra o con tierra insuficiente”, que hayan sido víctimas del conflicto, y donde los índices de calidad de vida estén protuberantemente por debajo de los promedios nacionales. Esta condición la llena con creces la región del Catatumbo.

Y por último, una de las regiones donde mayor densidad de cultivos ilícitos hay en el país actualmente es, precisamente, esa. Por lo tanto (lo mismo que en el caso de la formalización de la propiedad rural) aplicar rápidamente para el caso del Catatumbo un programa piloto de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos de gran alcance, dentro del marco del acuerdo de La Habana, tendría una justificación irrebatible en las actuales circunstancias.

La paz solo se arraigará en Colombia cuando tengamos unas estructuras agrarias más equitativas y modernas. Eso es lo que busca el acuerdo uno de La Habana.

*Exministro de Hacienda y Agricultura.