El próximo martes 26 de mayo, la Procuraduría citó la audiencia del juicio disciplinario en contra del director de la Policía, general Óscar Atehortúa, por las presuntas irregularidades que se registraron en el proyecto de viviendas fiscales ubicado en San Luis, Tolima.

La investigación la abrió la Procuraduría en marzo pasado. Allí le endilgaron cuatro cargos por las aparentes faltas en el trámite que dieron lugar a las acciones disciplinarias cuando ocupó la Inspección General, en el que se generó una supuesta extralimitación de funciones y tráfico de influencias en su actual cargo.

En el primer cargo, el Ministerio Público le cuestionó que en calidad de director general del Fondo Rotatorio hubiese estado incurso en una falta gravísima por haber participado, entre el 26 de diciembre de 2014 y el 17 de diciembre de 2015, en la ejecución del contrato 117-3-2011, a juicio de la Procuraduría, con presunto desconocimiento del principio de responsabilidad, al haber faltado probablemente a su deber de adelantar la revisión sobre la obra ejecutada y velar por la calidad del objeto contratado.

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El ente de control cuestiona, en el segundo cargo, que el oficial en su calidad de inspector general de la Policía, entre el 19 de junio y el 13 de diciembre de 2018, no se hubiera declarado impedido para conocer el expediente disciplinario número P-INSGE-2018-175, relacionado con las presuntas irregularidades en la construcción del proyecto de viviendas fiscales denominado Cenop, pese a la eventual existencia de un interés directo sobre la actuación.

El tercer cargo que pesa sobre Atehortúa es por la presunta extralimitación de funciones por haber acudido a un capitán para que verificara la actuación adelantada en el proceso por los hechos de la construcción de las viviendas fiscales, que conocía el Grupo de Procesos Disciplinarios de Primera Instancia de la Inspección General, y le suministrara una línea de tiempo del expediente.

En el cuarto cargo, la Procuraduría le reprocha al director general de la Policía que aparentemente utilizara de manera indebida la influencia derivada del ejercicio de su cargo, para que el inspector general de esa institución, general William René Salamanca, no diera curso a una actuación disciplinaria que estaba adelantando por posibles irregularidades ocurridas en el proyecto Cenop, en la que podía resultar comprometida su responsabilidad.

La Procuraduría calificó los cargos a título de dolo y dio trasladó de dicho material probatorio a la Fiscalía General, para que se investiguen hechos que, pese a estar fuera del ámbito disciplinario por prescripción, podrían constituir presuntamente delitos que vincularían a quienes intervinieron en la construcción de este proyecto.