La aprobación de una serie de prestaciones económicas para los empleados del municipio, en 2002, le sigue pasando cuenta de cobro a quienes integraron el Concejo de Cúcuta para el periodo 2001-2003.

Al igual que lo decidió el Consejo de Estado en agosto pasado, en un fallo de segunda instancia contra el gobernador William Villamizar Laguado, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander resolvió decretar la pérdida de investidura del exgobernador Edgar Díaz Contreras y el exdirector del Instituto Departamental de Salud, Javier Orlando Prieto Peña, en su calidad de concejales para la época de los hechos.

Los dos participaron en la aprobación del Acuerdo 073 del 29 de octubre de 2002, por medio del cual el cabildo creó, como factor salarial, la bonificación por servicios prestados, prima de servicios, subsidio de alimentación y el auxilio de transporte para los empleados del municipio.

Frente a lo anterior, el Tribunal consideró, en el caso de Edgar Díaz, que con esta acción el exconcejal incurrió en una indebida destinación de dineros públicos, lo que representa una causal de pérdida de investidura.

“(...) decisión que resulta contraria al ordenamiento jurídico vigente para la época de los hechos, pues la creación  de factores salariales de los empleados públicos solo era competencia del Congreso de la República y el Gobierno Nacional”, reza uno de los apartes del fallo de primera instancia.

Para los magistrados, ante la carencia de competencia del Concejo, al haber los cabildantes participado en la aprobación de proyectos como el de las prestaciones para los empleados, “se traiciona, cambia o distorsiona los fines cometidos del Estado, preestablecidos en la Carta Política, la ley o el reglamento”.

Esto por cuanto se destinan dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados o a otros sí autorizados, “pero diferentes a aquellos para los cuales se encuentran asignados”.

En el fallo proferido el viernes, se advierte que si bien en el Tribunal se han tomado decisiones contrarias a la de Edgar Díaz, como la que resolvió mantener la investidura de William Villamizar Laguado, por los mismos hechos, “ no es menos cierto que el cambio de criterio se centra particularmente en sentencia proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado dentro del proceso de pérdida de investidura que se siguiera contra el concejal William Villamizar Laguado, con lo que se revocará la sentencia proferida por este Tribunal”.

Frente a esta decisión, el magistrado Edgar Bernal presentó aclaración de voto y su compañera de corporación, María Josefina Ibarra, salvamento de voto. Esta última radicó una ponencia inicial que pedía mantener la investidura de Díaz Contreras, pero fue derrotada en Sala Plena, por lo que el caso fue estudiado nuevamente por el magistrado Hernando Ayala Peñaranda.

Los detalles del fallo contra Javier Orlando Prieto todavía no se conocen, puesto que apenas ayer fue comunicada la decisión en su contra, a través de la página web de la Rama Judicial.

El apoderado de Díaz Contreras, el abogado Armando Quintero, anunció que apelará la decisión ante el Consejo de Estado.

Efectos políticos no son claros

Como se conoce, tanto Edgar Díaz Contreras como Javier Orlando Prieto Peña han manifestado su intención de aspirar al Congreso de la República, en las próximas elecciones, por lo que los interrogantes frente a las consecuencias que este fallo pueda tener en su carrera electoral surgieron de inmediato.

Sin embargo, al igual que en el caso del gobernador William Villamizar Laguado, son diversas las interpretaciones con relación al alcance que pueda tener la decisión, si se confirma en segunda instancia y queda ejecutoriada, sobre los planes de los dos dirigentes.

Mientras que algunos advierten que el fallo sí les imposibilitaría aspirar al Senado o la Cámara, otros aseguran que a ninguno de los dos se les cierra el camino a nuevas aspiraciones políticas.

El exmagistrado Édgar Cortés, por ejemplo, coincide con el abogado Armando Quintero, apoderado de Díaz, en que existe una nueva sentencia de la Corte Constitucional que “prohíbe la responsabilidad objetiva en este tipo de casos”.

Esto es que, en situaciones como las que involucran tanto a Villamizar, como Díaz y Prieto, es necesario demostrar el grado de culpa que tuvieron y qué tanto estaban obligados a saber hasta dónde su actuación estaba prohibida constitucionalmente.

Por eso, para Cortés, antes de entrar a definir si afecta o no los intereses electorales de los sancionados, es preciso analizar si el fallo califica la intervención de los exconcejales.

Justamente sobre este mismo argumento se sustentó el salvamento de voto de la magistrada María Josefina Ibarra, quien trajo a colación la misma sentencia.