La Fiscalía General y la Procuraduría General volvieron a expresar, en una audiencia pública en la Comisión Primera del Senado, este martes, que no serán convidados de piedra en la discusión y aprobación de la Justicia Especial de Paz (JEP) con la cual se sustentará el andamiaje jurídico para que las Farc dejen las armas y se desmovilicen.

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, sostuvo que es urgente que se precise cuáles son los delitos que se podrán condonar en la JEP, pero no se debe dejar a una interpretación de los jueces los mismos, tal y como está en la reforma constitucional que se viene tramitando.

“En privado se les manifestó que se van a producir errores graves, como hacer intervenir a los jueces. Se confunde los subrogados penales, esto pasó a las volandas, por eso estamos metidos en dificultades jurídicas”, indicó Martínez.

A su turno el Procurador General, Fernando Carrillo Flórez, aseguró que el Ministerio Público tiene el “compromiso de ser garante de los acuerdos, el personero y vocero de los derechos de las víctimas”.

Carrillo sostuvo que se está corriendo el riesgo de desplazar el papel de la Procuraduría en la Justicia Especial para la Paz, resaltando que la Entidad ha sido garantía de transparencia, representante de las víctimas y ha evitado el desbordamiento de sistema judicial.

“Desconocer el papel de la Procuraduría en esta instancia es desconocer el ordenamiento constitucional, es desconocer los equilibrios que son fundamentales para nuestro sistema político. Por eso quiero decirlo abiertamente, estamos alertando sobre la exclusión de esta institución que es crucial”, manifestó.

Y pidió además que se muestre el que la exclusión de la Procuraduría de este proceso quedó expreso en los acuerdos firmados con las Farc.

El jurista Rodrigo Uprimny, a su turno, sostuvo que si bien la reforma constitucional está en el marco de la normatividad internacional sobre derechos humanos y los delitos que no pueden ser condonables, sí es necesario que se aclare el tema de la responsabilidad de mando.

“Es necesario que se evite la cacería de brujas y que realmente se logre sancionar a quienes cometieron los delitos”, precisó el jurista.

Por su parte, el senador Roy Barreras, indicó durante la discusión del proyecto en la Comisión I y en la plenaria, el fiscal deberá referirse de fondo sobre sus advertencias sobre los delitos continuados.

La votación en tercer debate del proyecto se estaría dando el jueves de esta semana en la Comisión Primera.