Cuando en agosto de 2010 Juan Manuel Santos se posesionó como presidente de la República, anunció que para desarrollar su programa de Gobierno llevaría una ambiciosa agenda legislativa al Congreso de la República. Al cabo de menos de un año había logrado la aprobación de varias reformas constitucionales y leyes, además del Plan Nacional de Desarrollo. 

Algo similar sucedió en los comienzos de los gobiernos de Álvaro Uribe (2002 y 2006) y de varios de sus antecesores. De ahí que se llegó a acuñar la expresión “aplanadora”,  para referirse a las bancadas oficialistas en el Congreso. 

Ocho años después, al juramentarse en el mismo cargo, Iván Duque anunció que iba a radicar un paquete de proyectos, incluso actos legislativos, fundamentales, en especial para la modernización de la política, la justicia, entre otros aspectos.

Hoy, casi diez meses después, el balance legislativo de su Gobierno es muy distante al que lograron Santos y Uribe durante sus dos administraciones. 

En esta primera legislatura, la suerte de los proyectos gubernamentales no ha sido la mejor. En cuanto a las reformas constitucionales, las dos principales que anunció Duque, ninguna logró salir adelante. La primera que se hundió, en diciembre pasado, fue la Reforma a la Justicia, un proyecto que no contó el apoyo de la mayoría de los partidos, en particular del presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón. 

La otra enmienda que naufragó, esta semana, fue la Reforma Política, que  pese a que ya estaba en su quinto debate, de los ocho que debía cumplir, volvió a colapsar en el intento en la Comisión Primera del Senado, en donde la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, admitió que su articulado, sin incluir la propuesta de las listas cerradas, era mejor que no saliera adelante. 

Resignada, Gutiérrez sostuvo que “el Gobierno no insiste porque el tema central de la Reforma Política es la lista cerrada, que es la única forma de acabar con tanto vicio y la violación de los topes electorales. Se presentó una duda jurídica de si la Cámara hundió el año pasado la figura porque operaba desde 2019. Ante esa duda jurídica, definitivamente el Gobierno prefiere no insistir en ella y volver a presentarla el próximo año”. 

La ministra de la cartera política insistió en que la Reforma Política sin dos figuras importantes, la lista cerrada y la participación del 50% de las mujeres, fue imposible. “Entonces, ya no tiene sentido esa reforma... esta reforma no tendría razón de ser sin la espina dorsal, sería una reforma sin mayores posibilidades no vale la pena seguir su trámite”, dijo. 

Para el senador conservador, Juan Diego Gómez, el fracaso de estos proyectos tan claves “se podría pensar que es la curva del aprendizaje”. Sin embargo, advierte que esto se dio por la falta de manejo que tuvieron varios ministros de la agenda legislativa.

Lo que se ha salvado

A pesar de que las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo no han sido las mejores desde el arranque de la administración de Iván Duque, hay algunos temas que el Gobierno ha logrado superar en el Congreso en materia económica y asuntos en los que hay un interés general. 

En diciembre, por ejemplo, al cierre de la legislatura, logró que le votaran la controvertida Reforma Tributaria o Ley de Financiamiento. Unos días antes también el Senado y la Cámara le votaron el proyecto de presupuesto para 2019, como también la distribución de las regalías para el bienio 2019-2020. 

El pasado 2 de mayo, luego de varios meses de amplia controversia en el país, el Gobierno pudo recibir del Congreso de la República la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, fundamental para que el mandatario pueda empezar a ejecutar parte de su plataforma programática con la cual ganó la Presidencia, en junio de 2018. 

Para lo que resta del periodo legislativo, el Gobierno espera que le voten una reforma constitucional que plantea modificaciones a las regalías, iniciativa que está aún en su paso por la Cámara de Representantes y ya por términos de tiempo está casi que hundida. 

Una suerte similar recae sobre la ley que moderniza el sector de las TIC. Este proyecto se radicó en octubre del año pasado, pero no ha logrado el consenso entre los partidos y es por eso que si bien está para ser discutido en las plenarias del Senado y la Cámara, el mismo no aparece en los asuntos de principal interés. 

(El presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, se convirtió en uno de los más duros rivales del Gobierno en esta legislatura.)

Agenda anticorrupción, solo anuncios

En la lista de los fracasos legislativos también se incluye el paquete de proyectos que hicieron parte de la Consulta Anticorrupción que se votó en Colombia a finales de agosto pasado. 

Aunque la misma no prosperó porque no alcanzó los votos requeridos, sí surgió el compromiso de tramitar sus iniciativas, junto con unas que promovía el Gobierno en el mismo sentido: combatir la corrupción. Con ese propósito se radicaron siete proyectos entre reformas constitucionales y proyectos de ley. 

No obstante, muy rápidamente se hundió uno de los que tenía mayor interés el país, el que bajaba el sueldo a los congresistas y altos funcionarios del Estado. La iniciativa murió en su primer debate, porque la mayoría de los congresistas se declararon impedidos para votarlo. 

La misma suerte corrió la enmienda constitucional para limitar a tres los periodos de los  congresistas, concejales, diputados y ediles en sus corporaciones. Este proyecto, por ser similar a lo que proponía  la Reforma Política, se sumó a ese texto, pero la misma terminó hundiéndose en su quinto debate. 

Dos proyectos de la agenda anticorrupción están en semáforo amarillo, es decir, con posibilidad de aprobarse o de hundirse, como por ejemplo, la ley que define la participación ciudadana y la transparencia en el presupuesto y el que crea mecanismos de rendición de cuentas. Ambos deberán tener al menos una votación antes del 20 de junio. 

Los que han avanzado hasta ahora son, la iniciativa que dispone que todos los empleados del Estado hagan públicas sus declaraciones de renta y sus conflictos de intereses. Este proyecto se encuentra en el orden del día de la plenaria del Senado, pero no ha podido ser debatido. 

Pendiente de su trámite en la Cámara de Representantes está el proyecto sobre los pliegos tipo, para hacer una contratación pública más transparente. 

La última iniciativa del paquete anticorrupción que se tramita, es la que propone cárcel sin privilegios a los corruptos. A este mismo proyecto se sumó la Fiscalía General, y aunque ya está en último debate, no se ha podido discutir en la plenaria, porque los impedimentos lo tienen trabado.

De la agenda legislativa de los congresistas, está por votarse un proyecto que no le ha gustado al sistema financiero y que está solo a dos votaciones, el que ordena el llamado borrón y cuenta nueva, es decir que todos aquellos deudores morosos ante los bancos que se pongan al día en sus deudas, podrán salir de las listas negras. 

Un proyecto más de acto legislativo que se tramita es el que no permitirá que en procesos de paz nuevos sea conexo el delito de abuso sexual a menores con el delito político. 

Dos proyectos fueron aprobados esta semana y pasan a la sanción del presidente Iván Duque: los que ordenan una amnistía para los remisos y que puedan sacar su libreta militar, como también el que determina el tamizaje neonatal, esto como una forma de prevención para futuras enfermedades en los bebés. 

Con este panorama por delante y a falta de un mes para concluir la presente legislatura, la carrera contra el tiempo se volverá a sentir a partir de los próximos días, para lograr salvar las iniciativas más importantes.