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Viernes, 5 Febrero 2016 - 2:47am

Denuncia penal contra dos candidatas a la Contraloría

Antiguos socios que descubrieron que a sus espaldas manipularon una fundación de la que hacían parte.

Archivo
Alix Yirley Vargas Torrado y Viviana García Martínez, fueron demandadas penalmente por antiguos socios de ellas en una fundación que recibió contratos de la Secretaría de Bienestar Social del Municipio de Cúcuta.
/ Foto: Archivo
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En contra de dos participantes en la accidentada elección de contralor municipal de Cúcuta, apareció una ficha que pudiera tener consecuencias judiciales y provocar la revisión de millonarios contratos, ya ejecutados con el municipio.

En este capítulo, las protagonistas son las ingenieras agrícolas y muy amigas: Alix Yirley Vargas Torrado, esposa del excandidato a la Alcaldía, Jorge Acevedo, y Viviana García Martínez.

La primera es la única que quedó en la lista de la convocatoria para ese organismo de control y la segunda renunció a su aspiración el 31 de diciembre de 2015, al reconocer que estaría inhabilitada.

Contra ellas se presentó una demanda penal ante la Fiscalía por antiguos socios que descubrieron que a sus espaldas manipularon la fundación de la que hacían parte y con la cual obtuvieron contratos con la Alcaldía de Cúcuta.

Resulta que en 2008 nació  ‘Promover Desarrollo Social y Humanitario’, donde Vargas Torrado era la presidenta, García Martínez, la secretaria y Dennis Lorena Pérez Silva, vicepresidenta y José Javier Lizcano Rivera, el tesorero. La directora y representante legal era Leady Dianne Bonilla Ramírez.

En 2010, por decisión unánime de los socios fundadores, la organización quedó ‘congelada’ porque a varios de sus integrantes los “habían nombrado en distintas entidades estatales” sin que hubieran renunciado a la fundación.

Todo se descubrió

En 2015, Leady Dianne Bonilla se fue a la Cámara de Comercio a pedir un certificado de existencia, donde descubrió que ya no era la directora y que en su lugar estaba Viviana García Martínez.

Asombrada leyó en el acta del 16 de enero de 2012 que hubo una reunión del consejo de fundadores benefactores, al que ella asistió según ese documento. Pero en la demanda ante la Fiscalía se dice: “Situación que nunca se llevó a cabo porque a ninguno de nosotros cinco nos llegó nada por ningún medio”.

Ese documento señala: “se designaron por unanimidad como presidente y secretaria de la reunión a Alix Yierley Vargas Torrado y Viviana García Martínez”.

Además, indica que en la cita estuvieron Leady Diana Bonilla, Lorena Karina Bonilla Ramírez, José Javier Lizcano Rivera, Danny Javier Suárez Velandia, Yudi Katerine Bonilla Ramírez, Dennys Lorena Pérez Silva y las dos amigas que concursaron a la Contraloría.

En la demanda, los primeros cinco citados aseguran ante la Fiscalía “que es falso” que alguno de ellos hubiera estado en esa u otras reuniones de ‘Promover Desarrollo Social y Humanitario’.

Y añadieron: “de ahí en adelante, como se evidencia en las actas 5, 6, 7 y 8,  presuntamente incurrieron en falsedad en documento privado, falsedad personal, concierto para delinquir por cuanto Alix Yirley Vargas Torrado, Viviana García Martínez, Denny Lorena Pérez, Yehiny Zambrano, Nidia Mariela Torres y Paola del Pilar Colmenares Barreto siguieron certificando nuestra asistencia a reuniones para nombrarse y nombrar a terceros en la junta y adquirir millonarios contratos con el municipio de Cúcuta”.

Millonarios contratos

Al revisar el Sistema Electrónico de Contratación Pública, salieron a relucir los siguientes contratos entregados por la Alcaldía de Cúcuta a la fundación Promover Desarrollo Social y Humanitario, con NIT-900273075-8.

Aquí salta a la vista que la amistad de Alix Yirley Vargas Torrado y Viviana García Martínez, llegó mucho más allá de compartir la tesis de grado. 

Se advierte que ambas, mediante la fundación, lograron que la Secretaría de Bienestar Social les aprobara proyectos que finalmente se convertían en procesos contractuales. 

Algunos de los contratos tenían como objetivo el desarrollo del programa ‘Adulto Mayor’, la gestión ante el Gobierno para la instauración de los Centros Vida o Centros de Bienestar, así como la prestación de servicios para el acompañamiento y ejecución de proyectos.

En mayo de 2014 se le adjudicó el contrato por $220 millones para la gestión de la instauración de los Centros Vida o Centros Bienestar.

En julio de 2014 obtuvo un  contrato por $200 millones para adelantar acciones para la atención integral del adulto mayor.

*La Opinión

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