Nuevamente, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander le dio la razón al Concejo de Cúcuta, dentro del largo proceso judicial que ha rodeado la elección del contralor de la ciudad.

En esta oportunidad, la corporación resolvió negar las tres demandas que cursaban contra la escogencia de Blanca Cruz González como titular del organismo de control, luego de  considerar que en ellas no se logró demostrar la ilegalidad del acta mediante la cual se proclamó  su elección, el 27 de abril.

Y es que como se recuerda, tan solo tres meses después de haber asumido el cargo, contra la funcionaria fueron interpuestas diferentes acciones por parte  del abogado José Gregorio Estupiñán, Pedro Murillo, el promotor de la revocatoria contra el alcalde de Cúcuta; y el exrepresentante a la Cámara, Carlos Hernández Mogollón.

Con ellas buscaban que se declarara la nulidad de la elección de la contralora, por considerar que el proceso liderado por la mesa directiva del Concejo estuvo rodeado de varios vicios de ilegalidad y procedimiento, relacionados con los criterios de mérito, los principios de transparencia, imparcialidad, igualdad  y objetividad, la falta de reglas de juego claras, entre otros aspectos.

Sin embargo, al analizar el caso, los magistrados determinaron que “ante la ausencia de ley que reglamente el desarrollo de la elección de los contralores territoriales, las corporaciones públicas pueden optar por una convocatoria pública, un híbrido entre esta y el concurso de méritos o un concurso de méritos real, pero, en todo caso, dichas corporaciones no están obligadas a elegir el participante que obtenga mayor puntaje”.

Además, frente a otro de los reproches hechos por los demandantes, en el sentido de que no se aplicó el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado con relación a la elección de los contralores, el Tribunal Administrativo determinó que al Concejo no le era exigible acatarlo.

(...) La Sala considera que, en efecto, el acto de elección estuvo precedido de una convocatoria pública que previó los principios y elementos de mérito para la selección de la doctora Blanca Cruz González en el cargo de contralora”, señalaron los magistrados,  tras insistir en que las pretensiones de las demandas, que fueron acumuladas, no estaban llamadas a prosperar.

El fallo proferido en favor de Cruz González es de primera instancia, por lo que los accionantes podrán acudir al Consejo de Estado con una apelación.