La aprobación del proyecto de acuerdo que modificó las formas de facturación y recaudo del impuesto del alumbrado público en Cúcuta, recién comenzaba la administración del exalcalde Donamaris Ramírez Lobo, tiene hoy en apuros a cuatro concejales que lograron su reelección, el 25 de octubre de 2015.

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander acaba de admitir una demanda de pérdida de investidura contra los conservadores, Víctor Fidel Suárez (presidente del cabildo), Leonardo Jácome y César Arbey Torres, así como el cabildante de Cambio Radical y segundo vicepresidente de la corporación, Oliverio Castellanos, por haber propiciado, al parecer, una indebida destinación de dineros públicos.

Según la demandante, Emilse Gamboa Mogollón, quien reside en Floridablanca (Santander), los cuatro integrantes del cabildo participaron y votaron en la aprobación de dicho Acuerdo  (023 del 11 de mayo de 2012), que “distorsionó, cambió los fines y cometidos estatales, consagrados en la Constitución, la ley y las resoluciones de la CREG”.

Esta iniciativa modificó dos artículos del Estatuto Tributario del Municipio y en uno de ellos estableció que las empresas prestadoras del servicio de energía eléctrica serían las responsables de la facturación y recaudo del impuesto al alumbrado público.

Así mismo, les encargó el traslado de los valores obtenidos por dicha sobretasa “a la cuenta bancaria del municipio y/o a la cuenta bancaria del fideicomiso de la concesión de alumbrado público “.

Para hacer posible esta labor, el Concejo aprobó en el proyecto de acuerdo que las empresas prestadoras del servicio de energía “deberán suscribir, renovar y/o adecuar el contrato de servicios con el municipio de San José de Cúcuta, para garantizar la facturación, recaudo y traslado del impuesto y garantizar la continuidad de la prestación del servicio”.

El acuerdo recibió la bendición de 18 de los 19 concejales que se hicieron presentes en la sesión, incluidos los cinco que repitieron periodo. Para aquella época, Nelson Parada todavía no hacía parte de la corporación municipal.

Nulidad parcial

Dos años después de su aprobación, el 28 de agosto de 2014, el mismo Tribunal Administrativo declaró la nulidad parcial del acuerdo y más concretamente de las modificaciones a la facturación y recaudo del impuesto al alumbrado público.

Así las cosas, echó para atrás la facultad que se le había dado al alcalde para suscribir, renovar y/o adecuar el contrato de servicios con las empresas de energía, para garantizar la facturación, recaudo y traslado del impuesto.

De la misma forma, impidió que los responsables de la facturación y el recaudo fueran las compañías que prestan dicho servicio a la ciudad.

Con base en estos hechos, la demandante consideró que los concejales involucrados en el proceso incurrieron en una indebida destinación de recursos públicos, aun cuando no necesariamente hayan sido ordenadores del gasto.

“Después de haber hecho este análisis y encontrar que el Consejo de Estado ha sido reiterativo en que el manejo de los recaudos del municipio debe ser de obligatoriedad para los entes municipales, no puede entenderse, bajo ninguna circunstancia, que el honorable Concejo municipal haga lo contrario y distorsione el sentido de la ley, por medio del Acuerdo 023 y permita que los particulares, a través de un fideicomiso, maneje estos tributos”, consideró Gamboa Mogollón, tras solicitar que se declare la pérdida de la investidura de los cuatro cabildantes.

Persecución política 

Al conocerse la demanda que, de prosperar, podría costarle la carrera política a los cuatro concejales involucrados, uno de ellos, el integrante de Cambio Radical, Oliverio Castellanos, aseguró que esta acción obedece a una evidente guerra política.

“Esto es una persecución de un sector de la dirigencia política de la ciudad, porque no se ha elegido al contralor. Esta es la dinámica de la política, lamentablemente”, manifestó Castellanos.

Explicó que dicho acuerdo fue aprobado en su momento porque el municipio no tiene la capacidad ni la infraestructura para hacer efectivo el cobro del impuesto al alumbrado público y, por lo tanto, alguien tenía que hacerlo.

“El acuerdo fue presentado por el señor alcalde y nosotros lo que hicimos fue darle unas herramientas a la administración para que pudiera recaudar unos dineros públicos. Eso ya estaba dentro del contrato de concesión pactado”, sostuvo el concejal, quien insistió en que esta figura ya venía operando desde años atrás.

*La Opinión