Como hace cuatro años, las elecciones de autoridades locales y regionales que tendrán lugar en menos de dos meses vuelven a poner a Norte de Santander en la mira de las autoridades, por cuenta de las amenazas que rodean el desarrollo del proceso democrático.

La Defensoría del Pueblo advirtió que siete municipios del departamento se encuentran en riesgo para los comicios que se avecinan, por cuenta del accionar de los grupos armados ilegales que tienen presencia en la región.

En Cúcuta, El Carmen, El Zulia, Hacarí, Tibú, Ocaña y Pamplona, según el Sistema de Alertas Tempranas de la entidad, a la fecha se han presentado hechos violentos en contra de los actores políticos que están involucrados en la campaña, lo que empieza a desencadenar un ambiente de zozobra entre las comunidades.

“Se tiene registro de seis eventos de violencia, resaltándose las amenazas a candidatos en el área metropolitana de Cúcuta, así como las retenciones ilegales de candidatos, funcionarios públicos y otra población civil”, advirtió en su informe la Defensoría del Pueblo.

Reseñó que entre las amenazas contra candidatos figuran las que ha recibido la aspirante a la Gobernación por el Polo Democrático y Unión Patriótica, Judith Maldonado, quien denunció señalamientos y hostigamientos a sus sedes de campaña en Cúcuta, Ocaña, El Zulia y Pamplona.

En el documento se señala, igualmente, que en Tibú fueron reiteradas las quejas por la falta de garantías para inscribir candidatos, además del temor que produce la creciente confrontación armada entre los actores irregulares.

Para la Defensoría, las principales fuentes de riesgo en el departamento son las guerrillas del Eln, las Farc y el reducto del Epl, además de los grupos posdesmovilización de las autodefensas.

A nivel nacional, el Sistema de Alertas Tempranas arrojó que un total de 268 municipios del país registran algún tipo de riesgo para las elecciones territoriales.

Según el monitoreo adelantando, hasta el momento se han reportado 106 hechos de violencia en 87 municipios de 27 departamentos, siendo las amenazas de muerte contra candidatos y servidores públicos la variable con más repetición.

La mayor fuente de riesgo en materia de orden público la constituyen los grupos que se organizaron tras la desmovilización paramilitar, en 156 municipios, seguidos por las Farc, en 128, y el Eln en 79.

La Defensoría alertó que a diferencia del proceso electoral de 2007 y 2011, cuando la variable de riesgo de más alto impacto estaba relacionada con los atentados y ataques armados, en esta oportunidad los factores de intimidación con mayor incidencia son las amenazas, el constreñimiento al sufragante y las restricciones a la movilidad.

En ese sentido, la entidad hizo un llamado a las autoridades a tener en cuenta este informe para comenzar a tomar las medidas necesarias y garantizar el normal desarrollo de las elecciones que se cumplirán el 25 de octubre.