Mientras que aún es incierto el paradero de la exalcaldesa de Cúcuta, María Eugenia Riascos, condenada a 10 años de cárcel por el pago de millonarios reajustes pensionales a jubilados del municipio, en 2008, paralelamente la defensa de la también exsecretaria de la Mujer se juega una nueva carta para intentar dejar sin piso la decisión en el Tribunal Superior.

Una semana después de que el juez quinto penal del circuito con funciones de conocimiento diera a conocer, en primera instancia, el monto de la pena que deberá pagar la exmandataria, los abogados de Riascos interpusieron un recurso de apelación en el que solicitan revocar la medida y ordenar su absolución frente a los cargos que le imputaron por prevaricato por acción y peculado  por apropiación.

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“Se solicita al Honorable Tribunal Superior que revoque integralmente el fallo condenatorio proferido, al advertir que los delitos por los que fue acusada mi defendida no existieron, las conductas investigadas devienen en atípicas y, en todo caso, obró en estricto cumplimiento de su deber de acatar las órdenes judiciales”, planteó la abogada Rosa Elena Suárez Díaz, quien sustituyó a Armando Quintero en la defensa de la exalcaldesa para la segunda instancia.

En la sustentación del recurso de apelación, Suárez Díaz insiste en que Riascos Rodríguez actuó en cumplimiento de su deber de acatar las órdenes judiciales, en las que se exigía el pago de los reajustes pensionales.

“No resulta manifiestamente contrario a la ley el reconocimiento de los derechos a los pensionados, pues la simple comparación entre la ley y el acto de abril de 2008, no apunta a su ilegalidad; por el contrario, tal reconocimiento es una postura aceptada y respaldada tanto por el Consejo de Estado como por la Corte Constitucional y asumir esa posición, así no la comparta el juzgador, resulta plenamente válido y defensable”, argumentó la defensa de la exmandataria.

Sobre el delito de peculado que también le achacan a la exdirigente, su abogada argumentó en el recurso que: “En este caso no existe un mínimo análisis de autoría que permita aseverar, con grado de certeza, que la ordenadora del gasto fue la doctora Riascos Rodríguez, como tampoco, que en efecto los pagos ordenados resultaren ilegales”.

Quien también radicó ya el recurso de apelación con el fin de revocar la condena de 6 años contra el apoderado de los pensionados, Iván Araque Chiquillo, fue el abogado Martín Santos.

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El defensor reiteró que su defendido no incurrió en ningún delito, puesto que el reconocimiento del reajuste pensional para los jubilados del orden territorial “no constituye un delito de prevaricato”.

“Centenares de jueces y magistrados han reconocido el reajuste pensional de la Ley 6 de 1992 a pensionados del orden territorial, sin que autoridad alguna haya alzado su voz, cuestionando siquiera o poniendo en duda, la legalidad de estas decisiones”, aseguró Santos.

Los otros implicados en el proceso penal por el pago a los pensionados son el exsecretario de Hacienda, Martín Ricardo Rincón Uscátegui, condenado a 10 años de prisión, y María Lorena Gutiérrez, exasesora jurídica, sentenciada a cuatro años, en prisión domiciliaria.