La plenaria del Senado aprobó este lunes, en tercer debate, el proyecto de la Consulta Anticorrupción, que obligaría a los funcionarios del Estado a hacer públicas las declaraciones de renta, formato de patrimonio y los conflictos de interés para el ejercicio de sus cargos.

Esta información, según la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, promotora de la Consulta Anticorrupción que se realizó el 26 de agosto de 2018, sería publicada en Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), para que la ciudadanía pueda tener acceso a ella y hacer más trasparente la contratación pública.

El proyecto obedece a la pregunta seis de la consulta, en la que se le cuestionó a la ciudadanía si aprobaba que se le pidiera a todos los electos mediante voto popular a hacer público a escrutinio de la ciudadanía sus declaraciones de bienes, patrimonio, rentas, pago de impuestos y conflictos de interés, como requisito para posesionarse y ejercer el cargo.

El artículo también contempla que dichos documentos puedan ser usados como insumos para iniciar  investigaciones penales y aplicar la extinción de dominio al elegido y a su potencial red de testaferros como su cónyuge, compañero o compañera permanente, a sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, y a sus socios de derecho o de hecho.

Al proyecto le falta un debate en la plenaria de la Cámara para convertirse en ley de la República y de ser aprobado aplicaría para ministros, magistrados de altas cortes, directores administrativos y altos funcionarios del Estado.