Un amplio debate quedó servido nuevamente en el país, esta vez por cuenta de la invitación que le hizo la Corte Constitucional a la delegación de las Farc en los diálogos de paz, para que dé a conocer su posición sobre la naturaleza jurídica de los acuerdos de La Habana.

Esta convocatoria se produce en el marco de la demanda que presentó el exfiscal general, Eduardo Montealegre, a fin de lograr que el acuerdo que permitió la negociación entre el Gobierno y las Farc sea elevado a rango de tratado y no haya lugar a la refrendación.

En vista de que el alto tribunal decidió admitir la solicitud, para su estudio, invitó a los delegados de ambas partes para que emitan sus posiciones en un plazo máximo de 10 días.

Sin embargo, uno de los primeros en oponerse a esta posibilidad  fue el propio Gobierno, quien advirtió que mientras las Farc no dejen las armas y se desmovilicen, no es conveniente que hagan presencia en la Corte Constitucional.

Según el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, no es bueno para la institucionalidad del país que los jefes del grupo insurgente, que todavía siguen en armas, se den cita en un escenario como este.

No obstante, sugirió que en su lugar podrían acudir sus abogados o alguien que los represente y no esté involucrado en hechos delictivos o actividades ilegales.

Por su parte, el jefe de la delegación guerrillera, Iván Márquez, consideró que elevar a rango especial los acuerdos de La Habana  se constituye en la vía más expedita para garantizar su seguridad jurídica. “Pedimos al ministro Cristo repasar normas internacionales. Farc sí son portadoras de derechos y deberes. Con gusto iremos a la audiencia”, escribió el jefe guerrillero en su cuenta de Twitter.

Aunque la Corte todavía no ha definido si hace o no la audiencia, la guerrilla agradeció la invitación y aseguró que están dispuestos a hacer presencia allí.

La Opinión