Por: Juan Fernando Cristo | Exministro del Interior

El próximo 26 de septiembre se cumplen cuatro años del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionaria de  Colombia (Farc). Es momento entonces de los balances sobre un hecho histórico que significó la desaparición del movimiento armado ilegal más grande de Latinoamérica, el que más daño, más dolor y más víctimas generó en su más de medio siglo de existencia. 

Un acuerdo de paz que tuvo, como ningún otro, el feroz rechazo de sectores políticos con importante influencia en la opinión pública colombiana, encabezados por el Centro Democrático y su jefe natural, el expresidente Álvaro Uribe. Esa oposición implacable a la negociación con las Farc condujo a la derrota del plebiscito, la posterior renegociación con los promotores del NO y la firma de un nuevo acuerdo con 58 modificaciones sustanciales. 

Veamos entonces lo bueno, lo malo y lo feo de estos cuatro años en la implementación de un acuerdo de paz que va mucho más allá del desarme, la desmovilización y la reincorporación de los integrantes de las Farc, y plantea una visión de un país más incluyente, moderno, democrático y equitativo

Lo bueno

Sin duda alguna la desaparición de las Farc como movimiento guerrillero y su transformación en partido político. La disminución sustancial del nivel de violencia, con la consecuente reducción de muertes violentas ocasionadas por el conflicto armado. Se han salvado miles de vidas de soldados, policías y guerrilleros. La entrega de un moderno arsenal de armas con la verificación estricta de Naciones Unidas. La reincorporación de más de diez mil hombres a la sociedad, con programas específicos, ayuda del gobierno y el cumplimiento de las obligaciones por parte de los desmovilizados. 

La aprobación en el Congreso del paquete de medidas más audaz en mucho tiempo, que incluyó la ley de amnistía e indulto, la creación del Sistema de Justicia Transicional, el estatuto de oposición, el blindaje de los acuerdos de paz, la creación del partido político de las Farc (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común), entre otras. 

El sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de los principales cabecillas y mandos medios de la organización alzada en armas y la puesta en marcha de ese Tribunal, La Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

La apertura democrática que vive el país desde la firma del acuerdo y la celebración de las elecciones regionales, Congreso y presidenciales más tranquilas de la historia. El unánime respaldo de la comunidad internacional a la paz de Colombia. La puesta en marcha en 170 municipios de los 16 PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) que buscan consolidar la presencia del estado en las zonas históricamente más afectadas por la guerra. 

Lo malo

La decisión del gobierno nacional de hacer trizas la paz. No lo han logrado porque no han podido, no porque no hayan querido. La movilización de la sociedad civil, el blindaje de la Corte Constitucional, la ausencia de mayorías en el Congreso para conseguir ese propósito y el respaldo de la comunidad internacional, han impedido hasta ahora que se destruya el acuerdo de paz.

Muy mala la decisión presidencial de objetar la ley estatutaria de la JEP, así como la decisión de Iván Márquez y Jesús Santrich, dos de los firmantes del acuerdo de La Habana, de traicionar a los colombianos y a su propia organización y volver a las armas. El crecimiento de las disidencias de las Farc en los últimos dos años. La falta de una acción decidida, oportuna y eficaz del Estado para controlar los territorios abandonados por la guerrilla desmovilizada. La decisión del gobierno de torpedear la creación de las 16 curules en la Cámara de Representantes para las víctimas de los territorios PDET.

Lo feo

Muy feo, desastroso, el aumento dramático de asesinatos de líderes sociales en los territorios y de los excombatientes de las Farc. Las dilaciones de las Farc para contar la verdad y reconocer responsabilidad ante la JEP. La negativa de algunos excomandantes de aceptar el delito de reclutamiento de menores. La persistencia de la violencia en zonas como el Cauca, Catatumbo, Nariño, Bajo Cauca antioqueño o Chocó. La sistemática actitud hostil de sectores radicales del gobierno y de su partido frente a la necesaria reconciliación nacional. El manejo de la relación bilateral con Cuba, país sede y garante del acuerdo de paz. 

En fin, cumplimos 4 años del acuerdo de paz más ambicioso en la historia de Colombia. Todos sabíamos que su firma era solo el punto de partida y no de llegada en el monumental desafío de consolidar la paz en los territorios y avanzar en un proceso de reconciliación. El balance hasta hoy es positivo y son muchas más las cosas buenas que nos deja el acuerdo, que las malas. 

Sin embargo, no se puede desconocer que la derrota en el plebiscito del 2 de octubre del 2016 y la elección de un presidente opuesto al contenido del acuerdo de paz, fueron dos hechos que impidieron avanzar más rápidamente en su implementación, generaron desconfianza e incertidumbre y dificultaron la tarea. 

Hoy tenemos un gobierno que no hizo trizas el acuerdo de paz, pero sí lo engavetó. Y esas ausencias del Estado generan el rebrote de la violencia en muchas zonas del país. Además, en estos cuatro años dolorosamente hemos constatado que una cosa es firmar un acuerdo de paz y otra mucho más compleja y difícil es la reconciliación de los colombianos, después de medio siglo de una brutal barbarie y millones de víctimas. 

Las heridas tardan en cicatrizar, el odio y la venganza se encuentran a flor de piel en muchos ciudadanos, y nunca faltan los irresponsables dirigentes políticos que se dedican a promoverlo y atizarlo para su beneficio. Como sociedad no tenemos aún el alma preparada para la reconciliación.

El presidente Duque, que completó la mitad de su período por estos días, perdió la gran oportunidad de liderar el país hacia esa paz y reconciliación que son necesarias para que avancemos como nación. Pudo ser el líder que uniera a Colombia después de la polarización y radicalización de los últimos años. Tuvo la posibilidad de doblar la página y convocar un acuerdo nacional en torno a la implementación del acuerdo, con los énfasis y las prioridades que el gobierno definiera, con la autoridad política que le brindaba su victoria electoral. 

Infortunadamente para el país, y también para él, decidió ser el jefe del Centro Democrático y no el jefe del Estado, el líder de todos los colombianos. Los dos años que restan de su mandato habrá que estar vigilantes para que no se produzca más daño a La Paz. Es mejor que el acuerdo permanezca engavetado, que siga la simulación de su cumplimiento y esperar un cambio de rumbo en el 2022. Desde ese momento quedarán ocho años para consolidar su cumplimiento y garantizar, por fin, la paz y la reconciliación a los colombianos.