En momentos en que la popularidad del presidente Juan Manuel Santos alcanza uno de los niveles más bajos desde su primer Gobierno, 25%, el jefe de Estado sufre un nuevo revés que, paradójicamente, podría ser su salvavidas para que el eventual acuerdo de paz con las Farc no naufrague al final del camino.

La Fiscalía, la Contraloría y un grupo de exmagistrados le pidieron a la Corte Constitucional declarar inexequible (dejar sin efecto), el plebiscito por la paz que impulsa el Gobierno Nacional, como mecanismo de refrendación para lo que se pacte en la mesa de conversaciones con la guerrilla.

Para los titulares de los órganos de control, el presidente está facultado por la Constitución para tomar las decisiones concernientes a los acuerdos de paz sin necesidad de acudir a refrendación popular. No obstante, la idea de llevar a consulta los acuerdos fue una promesa hecha por el mismo jefe de Estado, como una forma de dar legitimidad a lo que se pacte en La Habana.

Aun así, para el contralor general, Edgardo Maya Villazón, el presidente no puede desprenderse de sus atribuciones frente a los acuerdos de paz y simplemente dejarlas en manos de lo que decidan las mayorías del pueblo colombiano, por medio de uno de los mecanismos de participación ciudadana.

“Sería desconocer lo que la doctrina llama derechos contra mayoritarios”, escribió el contralor, en el concepto entregado a la Corte Constitucional, que actualmente revisa el proyecto aprobado por el Congreso.

“Como lo manifestara recientemente el maestro Luigi Ferrajoli, siendo la paz un derecho fundamental, es impropio e inaceptable que se someta a cualquier tipo de consulta popular”, reiteró el contralor.

En este mismo sentido se pronunció el fiscal general, Eduardo Montealegre, quien también envió su concepto a la Corte, pidiendo la inexequibilidad de la reforma.

“Si bien la participación popular es un elemento valioso en una democracia, esto no puede implicar que las facultades del presidente de la República para alcanzar la paz tengan que estar condicionadas al veredicto de la ciudadanía”, consideró la Fiscalía.

Para Montealegre, la ley que regula el plebiscito parte de “un supuesto erróneo”, y en ese sentido, la firma de los acuerdos entre Gobierno y Farc no pueden estar sometidos a un resultado electoral, por lo cual, dijo que el acuerdo final debe desarrollarse en el marco de las facultades constitucionales del Gobierno, el Congreso, la Rama Judicial y los organismos de control.

En desacuerdo con el umbral

Por su parte, los exmagistrados José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Yepes Arcila, Marco Antonio Velilla Moreno, William Namen Vargas, Rafael Nieto Loaiza y Jaime Castro, radicaron una impugnación del proyecto de Ley que regula el plebiscito, al cuestionar la reducción del umbral que se aprobó en el Congreso.

“Se va a decir seguramente que el pueblo aprobó en el plebiscito los acuerdos de paz a que se llegue, pero en realidad será una minoría manipulable y engañosa desde el punto de vista de participación”, consideró Hernández Gallo.

El exmagistrado advirtió que de esta forma se estaría vulnerando la soberanía.

*La Opinión