Diversas reacciones ha desatado la decisión de la Corte Constitucional que dejó en firme el artículo 38 de la Ley 734 de 2002 y parcialmente la Ley 610 de 2000, en las que se establecen las inhabilidades para las personas que quieran ejercer cargos públicos y se encuentren sancionadas fiscalmente.

Aunque el alto tribunal explicó que la sentencia no está dirigida concretamente al excandidato presidencial y senador Gustavo Petro, el alcance de estas normas sí podría significar su muerte política, como él mismo lo reconoció, pues las sanciones fiscales que han sido proferidos en su contra alcanzan una cifra muy alta, $217.000 millones.

Petro se convirtió en las pasadas elecciones en el aspirante de izquierda en llegar más lejos en una contienda de este tipo, con más de ocho millones de votos, y desde ya ha manifestado su interés en volver a ser candidato, en 2022.

Por eso, la posibilidad de que se cierre su camino electoral por cuenta de los fallos de responsabilidad fiscal proferidos por la Contraloría de Bogotá, han despertado la solidaridad de varios sectores, incluidos muchos que no lo apoyaron en la segunda vuelta.

Humberto de la Calle, excandidato presidencial por el Partido Liberal, consideró que “cuando está de por medio el derecho prevalente a ser elegido, solo un juez puede inhabilitar”.

Sin embargo, De la Calle opinó que frente a este panorama, el congresista debe utilizar las vías jurídicas y evitar apelar a las movilizaciones. “Eso no es conveniente”, dijo.

La exministra Clara López, también se mostró contrariada por el fallo de la Corte. “Sanción fiscal a @petrogustavo corresponde a desacuerdo con una política pública de subsidio al transporte público y no a un detrimento patrimonial. La inversión social no es inconstitucional ni causal de inhabilidad”, escribió en Twitter.

Si bien el presidente del alto tribunal, Alejandro Linares, explicó que lo que señala la sentencia es que ningún servidor público se puede posesionar si está en el listado de responsables fiscales que publica periódicamente la Contraloría, “trátese de una secretaria, un presidente, un congresista o un magistrado”, Petro insistió en que “el objetivo de la sentencia de la Corte no es simplemente una curul del senado, es acabar la posibilidad de acceder a la Presidencia de la República por el voto popular. Busca acabar una alternativa con la muerte política de por vida”.