Los últimos días no han nada fáciles para la implementación del acuerdo de paz suscrito el año pasado entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc.

Críticas que no paran frente al proceso de reincorporación, la muerte de campesinos cultivadores de coca en Tumaco, en medio del proceso de erradicación; la salida de Cambio Radical de la Unidad Nacional y el lento avance de los proyectos de paz en el Congreso, son tan solo algunas de las situaciones que ha tenido que sortear recientemente el Gobierno Nacional.

Sin embargo, como señal divina, una voz de aliento le llegó al Ejecutivo por parte de la Corte Constitucional, que resolvió avalar por unanimidad el blindaje jurídico de los acuerdos de paz.

Esto no solo le da una bocanada de aire a la consolidación de lo pactado en La Habana, sino que le pone freno de mano a la intención del principal sector de oposición, el Centro Democrático, de acabar con lo que se logró en el proceso de paz, si se quedan con la Presidencia de la República en 2018.

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“Durante los próximos tres años esos acuerdos se tendrán que cumplir y no podrán tomarse decisiones que violen esos acuerdos y eso es algo que le da mucha solidez. Es un espaldarazo que la Corte Constitucional les da a los acuerdos de paz”, aseguró el presidente Juan Manuel Santos, al tiempo que insistió en que los acuerdos son para cumplirlos.

Y si bien la decisión del alto tribunal deja claro que el acuerdo en sí mismo no puede ser considerado un mandato constitucional, el hecho de que los próximos tres gobiernos no puedan desconocer lo que ya se ha implementado y está por implementarse, es un nuevo punto a favor de los defensores del proceso de paz que fue posible después de más de medio siglo de guerra.

“Todo esto lo que busca es cerrar el conflicto. Eso no se nos debe olvidar nunca. Toda la justicia transicional, todo lo que estamos haciendo, es un ejercicio para terminar un conflicto, sanar las heridas y seguir adelante con el desarrollo del país, ojalá todos unidos. Que esto no nos siga dividiendo, no nos siga polarizando”, consideró el mandatario.

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, también celebró el pronunciamiento de la Corte, pues aseguró que esto representa una decisión importante para el futuro del proceso de paz.

“Todas las instituciones del Estado deberán cumplir de buena fe el acuerdo. Los tres mandatos siguientes no podrán hacerle modificaciones sustanciales al acuerdo. Lo que quedó a salvo fue la paz de Colombia”, dijo.

Y al tiempo que el jefe de  Estado les reiteró a las Farc que el acuerdo se va a cumplir, los integrantes de la desmovilizada guerrilla se mostraron satisfechos por la decisión del alto tribunal, la cual calificaron como un espaldarazo al acuerdo de paz.

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“Blindaje jurídico de la Corte Constitucional al Acuerdo Final garantiza que no se le arrebate en el futuro la paz a los colombianos”, escribió el jefe máximo de la organización, Rodrigo Londoño Echeverri, Timochenko, en sus redes sociales.

Proponen referendo

Pero mientras los sectores afines al acuerdo de paz destacan como positivo el anuncio de la Corte Constitucional, desde la oposición ya empiezan a pensar en las estrategias con las cuales hacerle frente a la decisión y así poder cumplir su objetivo de replantear lo pactado.

La senadora y precandidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia, propuso la convocatoria a un referendo popular, para impedir que el Congreso “se tome atribuciones por encima del pueblo”.

El exministro y también precandidato uribista, Carlos Holmes Trujillo, rechazó igualmente la posición del alto tribunal y dijo que como miembro de la Asamblea Nacional Constituyente no comparte la decisión.

“Este es un atentado contra la soberanía popular y pretende sustituir la fuente de todos los poderes, que es el pueblo, con el supuesto carácter de política de Estado de ese acuerdo”, sostuvo.

Y aunque está claro que la Corte solicitó que los próximos gobiernos tengan como política central la implementación de los acuerdos, para el presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, (de Cambio Radical), el fallo “no está escrito sobre piedra. Debemos ajustar las normas para que no haya la semilla de los futuros conflictos”.

Claves del fallo de la Corte

Al revisar el contenido del Acto Legislativo 02 de 2017, con el que el Gobierno buscó garantizar el cumplimiento del acuerdo de paz de La Habana, la Corte Constitucional determinó:

-No hay sustitución de la Constitución. “El acuerdo no tiene en sí mismo un valor normativo, sino que requiere su incorporación a la Constitución a través de reformas constitucionales y leyes aprobadas por el Congreso”.

-La obligación de cumplir el acuerdo implica llevar a cabo los mejores esfuerzos para acatar lo allí establecido, entendido el acuerdo como política de Estado.

-Se hace posible la implementación del acuerdo de paz “con respeto de las competencias de las autoridades y órganos del Estado, a nivel nacional y territorial”.

-Aunque el acuerdo final no es la única forma de concretar el valor y el derecho a la paz, sí constituye un instrumento en esa dirección.