Una nueva puerta en el camino hacia la despenalización del aborto en Colombia quedó abierta esta semana, luego de que la Corte Constitucional aceptara revisar una demanda que plantea la eliminación de esta práctica como delito en el Código Penal.

La acción judicial fue instaurada hace un mes por el movimiento Causa Justa, que congrega a más de 90 organizaciones y 134 activistas de todo el país. Su objetivo es lograr que se declare inconstitucional el Artículo 122 del Código Penal, por considerarlo ineficiente e injusto, especialmente con las mujeres en condición de vulnerabilidad, pero también violatorio de los derechos fundamentales, incluso, del mismo personal de salud.

Según se conoció, la revisión y análisis de la demanda admitida le correspondió al magistrado nortesantandereano Antonio José Lizarazo, quien será el encargado de presentar la ponencia a favor o en contra de la solicitud que propone despenalizar el aborto en cualquier circunstancia y no limitarlo solo a las tres situaciones excepcionales que se contemplan hoy en la ley: cuando exista peligro para la salud física y mental de la mujer, cuando exista malformación del feto, o cuando el embarazo sea producto de violación.

“Las organizaciones y activistas del movimiento Causa Justa celebramos que la Corte Constitucional haya admitido la demanda de inconstitucionalidad que busca que el delito de aborto desaparezca del Código Penal. Confiamos en que estos nuevos argumentos y evidencias planteadas en la demanda sean estudiados a fondo por las y los magistrados”, plantearon las demandantes.

Uno de esos argumentos que sustentan en la petición elevada al alto tribunal, es que el uso del derecho penal para regular el aborto es la principal barrera estructural para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en las causales autorizadas y hace que el aborto legal y seguro en Colombia aún sea inequitativo y limitado.

“Se estima que en el país, debido a estas barreras, solo entre un 1% y un 9% de los abortos se practica dentro del sistema sanitario, concentrándose en las ciudades principales. A pesar de los muchos esfuerzos por implementar las causales, las mujeres que están en mayor vulnerabilidad siguen recurriendo a abortos inseguros que ponen en peligro su salud, sus vidas y su dignidad”, señala Causa Justa.

La demanda que hace su trámite en la Corte Constitucional está sustentada en una serie de cifras y estudios basados en evidencia sobre las nuevas realidades que se han presentado después de la sentencia C-355 de 2006, que despenalizó el aborto en tres circunstancias, y que serán las que deberá analizar el magistrado Lizarazo.

“También se demuestra que la Fiscalía siguió abriendo procesos penales contra las más jóvenes, las que viven en la ruralidad y las que son víctimas de violencia intrafamiliar, y otros tipos de violencia, a pesar de que han debido disminuir estos procesos con la introducción de las causales”, aseguraron las demandantes.

En ese sentido, insisten en que la propuesta que le hacen a la Corte Constitucional es adoptar una solución definitiva y justa para que finalmente se garantice el derecho al aborto para todas.