Por presuntas irregularidades en contratos COVID-19, la Contraloría General de la República les abrió indagaciones preliminares a la Alcaldía de Cúcuta y a la Gobernación de Norte de Santander.

La administración municipal aparece en lista por presuntos sobrecostos en el contrato 0543 suscrito entre la Alcaldía de Cúcuta y Soluciones y Proveedurias SAS, por valor de $1.081 millones, cuyo objeto es el suministro de insumos biomédicos y logísticos para la prevención, atención y contención de la pandemia COVID-19 en el marco de la emergencia sanitaria.

De acuerdo con el análisis elaborado por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, en el otrosí hay un presunto sobrecosto de $39’369.753 (4,51%) y en el contrato inicial existen un sobrecosto de $232’306.668. (27,37%). 

Por este primer contrato firmado el 15 de abril de 2020 y por una duración de seis meses, fue suspendida  durante tres meses la secretaria de Salud del municipio, María Constanza Arteaga, por parte de la Personería.

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Los artículos que se mencionan fueron comprados en la modalidad de urgencia manifiesta.

La segunda indagación preliminar a la Alcaldía se da también por posibles sobrecostos en el contrato 003 del 1 de abril de 2020 con la Cooperativa Multiactiva de Aporte y Crédito Cooguasimales, por un valor de $1.687 millones, para el suministro de insumos necesarios para la atención de la declaratoria de calamidad pública por el brote de la COVID-19.

Este contrato celebrado por la Secretaría de Gestión del Riesgo del Municipio a cargo de Huber Plaza, tuvo una vigencia de 13 días.

Según se detalla en el proceso contractual, se compraron 15.000 kits de alimentos que contenían 14 artículos en diferentes cantidades. 

También se lee en los documentos publicados en el Secop (página de contratación pública), que el contrato se celebró bajo un régimen especial y tras una orden de proveeduría a Cooguasimales, que es representada legalmente por Mariela Arévalo Álvarez. La cooperativa ha tenido contratos en las pasadas administraciones municipales.

Se conoció que tanto la representante legal de Cooguasimales, como su hijo, Jhonatan Orozco, tienen una relación cercana con la familia del alcalde, por cuanto Orozco está casado con Juliana Vergel, hermana de la esposa de uno de los hijos del alcalde Yáñez. Aunque no existe un impedimento legal, algunas voces han manifestado que esta contratación no responde a los cánones éticos que deben regir la administración pública y que tanto ha promulgado el ingeniero Yáñez.

La indagación preliminar de la Contraloría es el conjunto de actuaciones para verificar la ocurrencia de la conducta y su afectación al patrimonio estatal, determinar la entidad afectada e identificar a los servidores públicos y a los particulares que hayan causado esas irregularidades.  

La Gobernación también en lista

En la administración departamental detectaron presunto sobrecosto con la suscripción del contrato CDUM-SEG-00571- 2020, por  $2.098 millones, entre el Departamento del Norte de Santander y Comercializadora Internacional de Productos Colombianos C.I. PROCOL S.A.S. para el suministro de kits alimentarios a la población vulnerable en el marco de la emergencia económica, social y ecológica declarada en razón de la pandemia ocasionada por la COVID-19.

Se presumen sobrecostos por el orden del 8% que ascienden a $ 162’867.250. 

Asegura la entidad de control que se pudo establecer que aun cuando en varios productos la cotización del contratista fue menor, las grandes cadenas ofrecían algunos productos a menor precio y se puede inferir que, no obstante, el contratista fue el de menor precio  global, hubo sobrecosto.

La segunda indagación también se da por un sobrecosto en la suscripción del contrato 00573 del 07 de abril de 2020, suscrito entre la Gobernación y la Unión Temporal Multipae 2020, por valor de $5.956 millones, para el suministro de alimentación escolar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes matriculados en las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados en educación del departamento, bajo la modalidad de ración preparada en casa, ante la calamidad pública provocada por la COVID-19.

Como resultado de 48 posibles combinaciones de alimentos, en un total de 34 se presentan sobrecostos entre el 1% y el 14%. Al establecerse un valor promedio por ración, se determina que el presunto sobrecosto para la totalidad de las raciones es de $169.851.840.

Y al incluir un costo de $7.024 por el transporte de cada ración, se establece un total del presunto sobrecosto para las 116.000 raciones del orden de $814.784.000.

Estos contratos continúan bajo la lupa del ente fiscalizador.