La Alcaldía denunció el contrato adjudicado en la administración de Donamaris Ramírez.
Contraloría General revisará el contrato para los CDI de Cúcuta
Como en la construcción de varios Centros de Desarrollo Infantil (CDI), en Cúcuta, se invirtieron más de $4.695 millones del Sistema General de Participaciones, la Contraloría General de la República admitió una denuncia de la Secretaría de Infraestructura del municipio contra el contrato adjudicado en la administración del exalcalde Donamaris Ramírez.
A la Unión Temporal CDI 2013 le correspondió desarrollar el contrato de obra 876 para construir los centros infantiles de Torcoroma-Siglo XXI, Cormoranes, Ciudadela El Rodeo y Comuneros.
El 25 de enero de este año quedó al descubierto que la empresa contratista “aún continuaba con la ejecución de obra, a pesar de que el contrato aparece liquidado el 28 de diciembre de 2015”, según el secretario de Infraestructura, Yonny Pascual Contreras Roa.
El oficio lleva anexas fotos para comprobar que no estaban terminados y copia de la comunicación en que le señala a la Unión Temporal “que no debe haber personal laborando ni materiales dentro de la obra, toda vez que este contrato ya fue recibido a satisfacción y liquidado”.
El secretario Contreras Roa aprovechó para indicarle a la Contraloría que la pasada administración “no realizó ninguna entrega oficial del estado actual de la Secretaría de Infraestructura en lo que tiene que ver con los contratos en ejecución”.
Su petición para que con “carácter de urgente” se asuman las respectivas investigaciones, fue aceptada por Édgar Omar Villamizar Fuentes, presidente de la gerencia departamental de la Contraloría General de la República.
En la mira
“Le informamos que de la evaluación efectuada por esta dependencia, los hechos manifestados cumplen con los elementos de una denuncia, teniendo en cuenta que se trata de presuntas irregularidades fiscales en los recursos del Sistema General de Participaciones”, le contestó la Contraloría a la Secretaría de Infraestructura Municipal.
Villamizar Fuentes envió el caso al Grupo de Vigilancia Fiscal, que tiene la competencia para adelantar las diligencias y ejercer el control fiscal pertinente.
“Al cumplir los elementos de una denuncia, esta entidad cuenta con seis meses para su trámite interno, toda vez que se requiere de la correspondiente verificación, seguimiento y recaudo de pruebas”, precisó el titular de la Contraloría General de la República, en Norte de Santander.
Estos centros de atención a la primera infancia son coordinados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y son operados por Comfanorte, Comfaoriente, y la Fundación Estructurar.
En los CDI los pequeños de cero a cinco años reciben atención pedagógica, nutricional, y sicológica. Cada uno tiene unos 300 beneficiarios, aproximadamente.
Los niños desplazados, de Red Unidos, estrato 1, y madres cabeza de familia, tienen prioridad a la hora de los cupos en estos centros.
*La Opinión
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