La legalización del aborto ha sido una lucha para mujeres de todo el mundo, en especial, por aquellas que han pasado por sucesos dolorosos y traumáticos como violaciones o enfermedades que imposibilitan la continuación del embarazo por afectaciones graves a la salud física y mental.

Sin embargo, la senadora María del Rosario Guerra, senadora del Centro Democrático, propuso que se dé consentimiento al padre del bebé que está por nacer, y que también tenga el poder de decidir si se tiene o no el bebé.

Cabe recordar que la sentencia C-355 de 2006 contempla la posibilidad de una interrupción voluntaria del embarazo en caso de ser producto de una violación, si hay una malformación del feto, o si constituye un daño físico o mental para la madre. Ante la iniciativa de Guerra, existe el temor de que se ponga otra barrera para acceder a esta intervención.

Lea También: Arturo Char, nuevo presidente del Senado

Sandra Mazo, coordinadora del movimiento Católicas por el derecho a Decidir, resaltó que, a pesar de que está en proceso de estudiar a fondo lo planteado, considera que esta medida puede considerarse como un retroceso en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, y que puede limitar o coartar significativamente la opción de decidir sobre su cuerpo y su deseo de convertirse en madre.

“Es una posición muy compleja, porque yo no me imagino a una mujer violada preguntándole a su agresor si da el consentimiento para que interrumpa su embarazo, sacrificando la vida y la ciudad de la mujer, además que este proyecto va en contra de las decisiones de la Corte Constitucional sobre el derecho de las mujeres a decidir”, manifestó.

Mazo destacó además que se requiere legislar para garantizar la protección a la integridad de las mujeres y crear entornos que ayuden a este proceso, pues esta propuesta podría generar una barrera más a las que ya de por sí se ponen, para interrumpir voluntariamente un embarazo, dentro de las tres causales que contempla la Corte Constitucional.

Por su parte, Catalina Calderón, abogada especialista en derecho internacional y líder del movimiento Todos somos una, resaltó que otro riesgo que puede existir con este proyecto, es que se ponga la vida del bebé que está por nacer, por encima de la integridad de la mujer gestante.

"En el caso de una mujer que tenga una afectación a su salud física y ponga en riesgo su vida, puede pasar que la otra persona decida salvar la vida del feto y dejar que la mujer muera, lo cual es un retroceso gravísimo a la lucha por los derechos de salud sexual y reproductiva, es algo inconcebible", puntualizó Calderón.

Al igual que Mazo, Calderón consideró que la decisión de la mujer sobre su cuerpo y su proyecto de vida no debe ser supeditado a lo que diga una tercera persona, en especial, en casos como el de las mujeres que sufren de violencia sexual.

De acuerdo con cifras del Instituto de Medicina Legal, entre enero y mayo de 2020 se han practicado 7544 exámenes médicos legales por presunto delito sexual, lo que equivale al 43,4 % de las lesiones no fatales en el país. De estos, 6479 fueron realizados a menores de edad. La mayoría de casos han ocurrido en niñas entre los 5 y 9 años, y 10 y 14 años.

Además de esto, la población indígena y negra de la nación es la más vulnerable ante estos hechos. 151 casos involucran a indígenas (136 mujeres y 15 hombres), y 183 a población negra (166 mujeres y 17 hombres).