La organización quiere que se destruyan los registros de quienes votaron en una de las dos las consultas.
Consejo Gremial exige proteger secreto del voto

La posible entrega por parte de la Registraduría a los partidos y movimientos políticos que participaron en las pasadas consultas interpartidistas, de los listados con las personas que depositaron su voto en una de las dos contiendas, tiene preocupados a los miembros del Consejo Gremial Nacional.
Según los integrantes de este colectivo que agrupa a los gremios económicos del país, en los últimos días recibieron por parte del propio registrador nacional, un documento suscrito entre esa entidad y los partidos que convocaron el mecanismo de participación el pasado 11 de marzo, en el que se comprometen a entregarles las listas de las personas que votaron.
“El acopio de esa información por organismos del Estado por si solo atenta contra la libertad del elector. Hay razones para sospechar que esa información sea usada para sancionar, con la pérdida de sus cargos o el acceso a ayudas estatales, a quienes voten en un determinado sentido”, consideró el Consejo, tras advertir que de esta forma se estaría violando el derecho fundamental al secreto del voto.
Para los gremios económicos, la difusión de estos datos también atenta contra la garantía constitucional de impedir que la información recopilada en la jornada electoral sea puesta en circulación, sin previa autorización.
“Si los datos recogidos en las mencionadas consultas pudieran ser entregados, tal como lo pretende la Registraduría, a los partidos y movimientos políticos que las realizaron, se crearía una grave situación de desequilibrio en el acceso a información electoral relevante”, señalaron.
En ese sentido, pidieron que se tomen las medidas necesarias para proteger los datos de los electores, garantizar su derecho al voto y a que no circulen datos personales sin autorización previa, informada y documentada por parte de los titulares de la información.
El Consejo Gremial se mostró partidario de la solicitud que le hizo la Procuraduría General de la Nación a la Registraduría, para que destruya las planillas con el registro de las personas que votaron en una de las dos consultas y que solo se conserve la estadística.
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