El concejal por el Partido Colombia Renaciente, Mario Vicente Figueroa Fernández, seguirá ocupando su curul en la corporación municipal, hasta tanto el Consejo de Estado se pronuncie sobre la medida cautelar que fue decretada en contra de su elección.

La razón es que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander acaba de admitir el recurso de apelación instaurado por la defensa del dirigente, en contra de la suspensión de los efectos del acto que declaró su elección como concejal de Cúcuta para el periodo 2020-2023.

En consecuencia, por tratarse de una decisión que deberá tomar la segunda instancia, será el Consejo de Estado el encargado de determinar si es procedente o no apartar del cargo, de manera temporal, al cabildante, mientras se resuelve la demanda de nulidad electoral que hace trámite en el Tribunal del departamento.

Como se recuerda, Mario Vicente Figueroa fue demandado por una presunta inhabilidad en la que estaba incurso al momento de su elección, en octubre de 2019.

Según el demandante, Tonny Gonzalo Riátiga Mazo, el concejal cucuteño no podía aspirar en los pasados comicios, por cuanto es hijo de Carmen Rosa Fernández Mora, quien se desempeñó como rectora del Instituto Técnico Juan Pablo I-Paz y Futuro, dentro del año anterior a la elección.

Riátiga alega que dicho cargo le representaba a Fernández Mora la posibilidad de ejercer autoridad civil y administrativa y por esta razón, le generaba una inhabilidad a su hijo para ser elegido.

“El Consejo de Estado ha concluido en sentencia reciente que: ‘los rectores de las instituciones educativas ejercen autoridad administrativa al ser ordenadores del gasto de los recursos del Fondo de Servicios Educativos y celebrar contratos que deben pagarse con los recursos del Fondo’”, reseña el demandante en uno de los apartes de su solicitud. 

A la fecha, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander ha admitido más de 23 demandas de nulidad electoral en contra de alcaldes, concejales y diputados, pero la acción en contra de Figueroa Fernández es la única en la que se ha decretado la suspensión provisional del demandado.