El Consejo de Estado decretó, en primera instancia, la pérdida investidura de Aida Merlano Rebolledo, tras demostrar que su campaña, para las elecciones del pasado 11 de marzo, vulneró los topes máximos de financiación electoral. 

Merlano fue candidata al Senado de la República, cargo al que inicialmente accedió tras conseguir más de 73 mil votos, sin embargo, su sede de campaña en Barranquilla, conocida como Casa Blanca, fue allanada por el Cuerpo Técnico de Investigación y la Policía Nacional el mismo día de las elecciones, lugar en el que fueron incautadas armas de fuego, más de 260 millones de pesos en efectivo y certificados electorales. 

El alto tribunal estableció que la aspirante tiene en sus libros de campaña movimientos de dinero por 1730 millones de pesos, cuando lo permitido por la ley son 884 millones. Por esto el magistrado Carlos Alberto Zambrano Barrera escribió en su ponencia que dicha "suma supera de lejos el monto máximo permitido, según lo evidencian las pruebas que obran en el expediente, principalmente las recaudadas por la Fiscalía General de la Nación durante el allanamiento practicado el 11 de marzo del año que avanza en la sede de aquella campaña”. 

El magistrado además señaló que según las evidencias se puede establecer que Merlano estuvo al tanto de que los dineros que se utilizaron para promover su compaña superaban en amplio margen lo permitido por la ley. 

La demanda de pérdida de investidura fue interpuesta por el abogado Luis Alberto López, quien el pasado 21 de agosto, en audiencia celebrada en el Consejo de Estado manifestó: “lo que dice la ley es que por el tope máximo para hacer campaña al Congreso es hasta un poco más de 800 millones de pesos, pero lo que demostró la Fiscalía es que se gastó más de esta cifra, unos 3000 millones de pesos”, dijo el abogado López. 

Ese mismo día, el procurador cuarto delegado, Carlos José Holguín, apoyó la solicitud puesto que “bien es sabido que la vulneración de los topes de gastos de campaña o la no presentación oportuna de dichos gastos se constituye en el elemento corruptor por excelencia de la campaña electoral y distorsiona el equilibrio de la competencia electoral”. De la misma manera, precisó el representante del Ministerio Público que solicitó al alto tribunal anular cada una de las resoluciones de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral que declararon a Merlano como congresista para el periodo 2018-2022.