Con el ánimo de subsanar los daños económicos sufridos en el país como consecuencia de la pandemia del COVID-19, un grupo de congresistas firmó una carta pidiéndole al presidente Iván Duque la implementación de la Renta Básica Universal como medida para contener los daños del creciente desempleo y la reducción de ingresos en los hogares colombianos.

"La única manera de contener el crecimiento de la curva de contagio, que se observa con angustia día a día, es poder garantizarle ingresos a los colombianos para que puedan permanecer en sus hogares el tiempo suficiente. Por esta razón, insistimos en implementar la Renta Básica consistente en un salario mínimo durante 90 días para 9 millones de hogares beneficiando a 30 millones de colombianos", señala la misiva.

En el documento se destacan estudios de Fedesarrrollo, los cuales indican que la pobreza llegaría a niveles del 31,9%, lo que representa 2,3 millones de personas adicionales bajo la línea.

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"Las cifras son claras, los ciudadanos colombianos, en especial los 9 millones de hogares más vulnerables, no dan más espera, se les han restringido todas sus opciones de devengar un mínimo vital para cubrir las más básicas necesidades primarias. Es hora de tomar medidas efectivas que tengan un impacto real en la población que más se ha visto golpeada por la crisis", señala.

Los congresistas indican que el costo fiscal de esta medida oscilaría es de 7,9 billones de pesos al mes. Como el programa sería de tres meses, el costo total sería 23,7 billones, es decir el 2,3% del PIB nacional.

Además, indican, si se tiene en cuenta el funcionamiento de programas como Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Adulto Mayor, la devolución del IVA e Ingreso Solidario, el costo neto de la Renta Básica sería de 20 billones de pesos, que es lo mismo que el 2% del PIB.

Frente a las posibles fuentes de financiación de la medida los firmantes indican que se puede recurrir al Fondo de Mitigación de Emergencias, créditos internacionales, posibles créditos directos del Banco de la República al Gobierno Nacional, recursos ahorrados en la reducción de gastos de funcionamiento no indispensables y recursos provenientes de la reasignación de gastos en proyectos postergados por causa de la emergencia.

"Es urgente que el Gobierno Nacional, actúe con diligencia y eficacia para detener los efectos adversos que ya estamos viviendo pero que irán empeorando con el paso del tiempo, deteriorando la estructura fundamental de nuestra sociedad y economía, que se reflejará en la pérdida de confianza en las instituciones democráticas, lo que sólo dejará caos, pobreza y pérdida de vidas, como se ha empezado a ver en los primeros pronósticos publicados", indicó.