Pamplona presenta índices inferiores a 44% de congestión.
Congestión judicial es superior al 50%: Contraloría
Las cifras de congestión judicial en el país siguen siendo preocupantes.
Así lo afirmó la Contraloría General de la República, que hizo un seguimiento a los indicadores de gestión de la Rama Judicial y encontró que por cada 100 procesos que se hallaban en los despachos judiciales en 2019, 50 quedaron pendientes para trámite y resolución de fondo al terminar el año.
Es decir, según la entidad, el índice de congestión efectivo en la administración de justicia fue de 50,75%.
El índice también evaluó la congestión de cada rama.
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La más congestionada es la administrativa, con 60,02%, seguida por la disciplinaria, con 58,84%.
Estos son los indicadores por rama:
- Administrativa: 60,02%.
- Disciplinaria: 58,84%.
- Laboral: 57,63%.
- Civil: 53,59%.
- Familia: 53,25%.
- Ordinaria: 49,40%,
En total, 34 distritos judiciales superaron el promedio nacional de congestión. Los más congestionados fueron La Guajira, Casanare, Cauca, Meta, Magdalena y Valle, con índices por encima del 64,5%.
En contraste, se destacan Manizales, Armenia, San Andrés y Providencia, Florencia, Pamplona y Buga, con índices inferiores a 44% de congestión.
El índice de evacuación parcial efectivo a diciembre de 2019 fue de 83,97% y resultó 1,4 puntos porcentuales mayor al registrado en 2018, que fue de 82,57%.
Según esto, en los últimos años el comportamiento en materia de eficacia en la gestión de la Rama Judicial para resolver los procesos a su cargo ha venido creciendo, pero no con la rapidez que requieren los usuarios.
La Contraloría aseguró que el sector judicial debe habilitar nuevas tecnologías como Inteligencia artificial, Big Data (Mega Data), bancos de datos e inteligencia de negocios, masificar el Expediente Electrónico y digitalizar trámites y procesos, así como capacitar a los servidores en nuevas tecnologías para optimizar recursos y descongestionar los despachos.
Según la Contraloría, para 2019, la planta de la rama Judicial alcanzó 31.525 funcionarios, de los cuales 5.473, es decir 17,4% del total, tenían funciones de juzgamiento.
Por cada juez o magistrado hay 4,76 empleados judiciales, cifra que se mantiene constante desde 2018.
En un país como Colombia, con 50 millones de habitantes, se tiene una tasa de 10,95 jueces por cada 100.000 habitantes, cuando el estándar internacional determinado por la OCDE es de 65 jueces por cada 100.000 habitantes.
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