El abogado Juan Guillermo Cuadros y el anterior candidato a personero de Cúcuta, Manuel Salazar Chica, presentaron una demanda ante los jueces administrativos del municipio, por las presuntas irregularidades en la convocatoria para el  nuevo concurso de méritos que el Concejo estableció a través de la Resolución 133 del 16 de octubre.

A la fecha, el proceso de selección se encuentra en la etapa de reclamaciones sobre los resultados de la prueba de conocimientos, la cual fue superada por un solo candidato, de los 54 que presentaron el examen, a cargo de la Universidad de Cartagena.

En diálogo con La Opinión, Cuadros explicó las posibles inconsistencias en las que habría incurrido el Concejo y en particular la mesa directiva, durante la citación al concurso. Dijo que, empezando, aparentemente “no se respetó la resolución del 16 de octubre, en el sentido de que publicaron el concurso el 17 de octubre, es decir, le restaron un día a los 10 que establece la ley”.

De acuerdo con el análisis del demandante, la corporación habría impuesto también cargas desproporcionadas en la citación, al incluir en las fechas de inscripción (desde el 28 octubre al 1 de noviembre), días que no eran hábiles, y además porque “establecieron un horario que es restrictivo para inscribirse (de 8 a. m. a 12 del mediodía y de 2 a 6 p. m.)”.

Una de las mayores críticas que le hacen los demandantes a la Resolución que le dio origen al proceso que está en curso, tiene que ver son el porcentaje acumulado que estableció el Concejo para conformar la lista de elegibles.

Al respecto, Cuadros planteó que el ponderado que se fijó no está en la Constitución, ni en la ley y ni en el decreto reglamentario de la función pública. “Ese 70% acumulado que exigen no existe en ningún lado; fue un invento del Concejo, fue una norma desproporcionada, una norma que genera una carga irracional a los aspirantes”, sustentó.

En la demanda también se cuestiona la elección de la institución encargada de adelantar el proceso de selección, esta es la Universidad de Cartagena, cuya escogencia debe surgir de una licitación pública.

“Hicieron una contratación directa, jamás hubo una publicación, jamás se convocaron a las otras universidades. La norma general en la contratación pública es la licitación. Esta no es una convocatoria transparente, escogieron a dedo la Universidad de Cartagena”, aseveró.

El demandante dejó claro que no hizo parte de la convocatoria para ser personero y que su intención es únicamente que en la ciudad se adelanten los procesos ajustados a la ley.

“Lo que buscamos un grupo de jóvenes cucuteños, abogados, es hacer respetar la Constitución, la ley y solicitar las mismas garantías en cualquier acto administrativo que se desarrolle”, dijo.

La demanda

Partiendo de las presuntas irregularidades antes enunciadas, Cuadros y Salazar presentaron la demanda del concurso ante los jueces administrativos de Cúcuta, una diligencia de la que se esperan dos escenarios.

“Lo que yo esperaría que sucediera es que los juzgados administrativos se pronuncien, primero, sobre una medida cautelar de suspensión del acto administrativo, antes de que se elija un personero en propiedad y se celebre un fallo. Esto para que no se vaya a generar un detrimento patrimonial al municipio”, aseveró.

La segunda opción que se contempla es que “el juez agilizara el procedimiento para llegar a una sentencia que estableciera la legalidad del acto administrativo que se demanda”.

El tener una demanda con un fallo positivo traería unas consecuencias aún más comprometedoras para el municipio de Cúcuta, pues podría desencadenar, según los demandantes, otra seria de requerimientos legales para que la administración municipal responda.

“Este concurso genera unas expectativas legítimas a todos los participantes, por ende, si el concurso resultara ilegal se genera un daño para esos participantes que se inscribieron considerando que eran opcionados para ser elegidos. Todas esas consideraciones hay que tenerlas en cuenta porque, si resulta ilegal, pueden demandar al municipio por hacer un concurso ilegal que les hizo perder tiempo”, aseveró.

Las reclamaciones

Paralelo a la demanda de nulidad, ante el Concejo se presentaron también cuatro reclamaciones por parte de los candidatos que no superaron las pruebas de conocimientos. 

Una quinta solicitud no fue admitida por la corporación, por cuanto esta llegó después del tiempo establecido para los reclamos, pero en ella también se reflejaban presuntas inconsistencias graves sobre la pruebas de conocimientos y particularmente sobre algunas de las preguntas que fueron formuladas en el cuadernillo.

Según el reclamante, Andrés Ricardo Acero Chacón, varias de las respuestas estaban sustentadas en normas desactualizadas. “En tales circunstancias, es válido señalar que todas las preguntas basadas en esta norma están mal realizadas y deben ser base para que vuelva a realizar la prueba de conocimientos”, alegó.

Otros de los candidatos reclamaban aparentes fallas en la cadena de custodia del cuadernillo de la prueba. Dicen que este no se pudo marcar con el nombre y que una vez terminado el examen no existió ningún procedimiento para el sellamiento de la bolsa en la que se depositaba.

Afirman que al recibir de vuelta el material para ver el resultado, el cuadernillo que regresaron y la hoja de respuestas no coincidía con las que se habían manipulado el día de la prueba.

En vista de lo ocurrido, Rubén David Suárez solicitó que se revoque, aclare, modifique o adicionen los resultados de prueba de conocimientos, debido a los problemas sobre la cadena de custodia del material de la prueba.

El candidato denunció, además, que dicha prueba no contó con la presencia de autoridades de vigilancia y tampoco se le permitió grabar la entrega del material.