Dos de los cinco concejales de Cúcuta, reelegidos en 2015,  que fueron demandados por la aprobación del Acuerdo 023, que modificó las formas de facturación y recaudo del impuesto del alumbrado público en la pasada administración, salvaron su investidura como integrantes del cabildo.

Se trata de los conservadores, Víctor Fidel Suárez Vergel, actual presidente de la corporación, y Leonardo Jácome Carrascal, a quienes la Sección Primera del Consejo de Estado les ratificó el fallo de primera instancia, proferido a su favor en marzo de este año por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.

En esa decisión, los magistrados negaron la solicitud de pérdida de investidura que había elevado Emilse Gamboa Mogollón, una ciudadana residente en Floridablanca (Santander),     quien alegaba que los concejales habían propiciado, al parecer, una indebida destinación de dineros públicos.

Al revisar las pruebas, el Tribunal encontró que Gamboa Mogollón no aportó los elementos que demostraran que los concejales, efectivamente, incurrieron en una violación a la Constitución, la ley y las resoluciones de la CREG.

Recordaron que si bien en agosto de 2014, el mismo Tribunal Administrativo había declarado la nulidad parcial del Acuerdo y más concretamente de las modificaciones a la facturación y recaudo del impuesto al alumbrado público, “en la misma no se hace alusión a que dicha declaratoria haya devenido como consecuencia de considerar que dicho acuerdo configuró, permitió o facilitó la indebida destinación de recursos públicos, o que con el mismo se cambiasen los fines del Estado”.

En el fallo de primera instancia también se advirtió que aunque el Concejo de Cúcuta estaba extralimitándose en sus facultades, imponiendo a las empresas de servicios públicos, obligaciones que le correspondían directamente al municipio, lo cual puede catalogarse como una irregularidad, “esto no significa que se configure la causal de pérdida de investidura señalada por la demandante”.

Además, el Tribunal concluyó que los dineros recaudados fueron consignados al fideicomiso de la concesión del alumbrado público, en virtud del contrato interadministrativo existente, y “que  según el mismo, los recursos estaban separados del patrimonio de la fiduciaria y tenían como destino exclusivo la financiación del servicio de alumbrado público, lo cual corresponde a lo señalado para ello en la ley”.

En vista de ello, consideraron que no había lugar a decretar la muerte política de los concejales, decisión que fue confirmada por el Consejo de Estado

Los otros tres integrantes de la corporación municipal a quienes le demandaron su investidura por los mismos hechos son: Oliverio Castellanos (Cambio Radical), César Arbey Torres (Partido Conservador) y Alexander Salazar (Partido Liberal).

Estos tres procesos siguen su trámite en la Sección Primera. Solo uno, el del concejal Castellanos se encuentra en el despacho de la magistrada María Elizabeth García González, listo para ser  fallado. Los otros dos están en etapa de alegatos y entrega de conceptos por parte de la Procuraduría.