Un nuevo capítulo se escribió lunes en la novela en que terminó convertida la elección de contralor municipal y cuyo final cada vez parece más lejano.

De manera individual y por grupos, los 19 concejales que integran la corporación le presentaron sus descargos al juez noveno penal municipal, frente al incidente de desacato interpuesto por la única candidata a contralora, Alix Yirley Vargas Torrado, quien en una segunda ronda fue superada nuevamente por el voto en blanco que se impuso 15 sobre 4.

En los escritos, defendieron sus actuaciones en la plenaria que tuvo lugar el pasado dos de febrero y reiteraron que cumplieron con lo ordenado por el fallo de tutela que amparó los derechos de la ingeniera agrícola.

Así, por ejemplo, los concejales liberales Bachir Mirep, Jaime Marthey y Alexander Salazar, en conjunto con Oliverio Castellanos (Cambio Radical) y Carlos Abreo (Opción Ciudadana), le argumentaron al juez que no puede acusarse a los integrantes del cabildo de desacato “por hacer lo mismo que todos los días hacen los altos magistrados del país, en cumplimiento de una orden judicial, máxime cuando no teníamos opción, pues no había pluralidad de candidatos y más aún cuando no se dio la aclaración a la solicitud realizada por un honorable concejal”.

En su contestación, los concejales defendieron que el voto en blanco es un derecho constitucional, legal y respetable en este país. No obstante, advirtieron que con esto no quieren decir que hayan  hecho uso de esta opción, toda vez que la votación fue secreta y los votos destruidos una vez hicieron el escrutinio.

“La decisión que en un sentido u otro haya tomado cada concejal es secreta e inviolable. Por otro lado, el voto en blanco es reconocido y usado en diferentes instancias judiciales, legislativas y administrativas  del país”, le afirmaron los concejales al juez, tras insistir en que, en su concepto, sí cumplieron con la sentencia.

Cumplimiento parcial

Tres de los cuatro concejales que integran la bancada de la U, Miguel Ángel Flórez Dávila, Oscar Angarita Vega y Guillermo León Báez, por su parte, le respondieron al juez que el fallo fue cumplido de manera parcial, dado que “se configuró para cada concejal de Cúcuta en ejercicio, dificultad grave para haber logrado el total cumplimiento de las órdenes de la sentencia de tutela”.

Defendieron que en cumplimiento del deber reglamentario, depositaron su voto en secreto, de manera individual, espontánea y voluntaria, “cumpliendo estrictamente las órdenes dadas por su despacho”.

En sus alegatos, los cabildantes cuestionaron las aparentes irregularidades que rodearon el proceso de selección liderado por la CUN y que terminó con una lista cuya única candidata es Vargas Torrado, esposa del exaspirante a la Alcaldía de Cúcuta, Jorge Acevedo.

“De conformidad a todos y cada uno de los fundamentos expuestos y probados está claro que, para nuestro caso, no se dan los presupuestos legales que permitan imponer la sanción de que trata el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991. En consecuencia, solicitamos respetuosamente a su despacho que proceda a desestimar  la petición que en nuestra contra impetró la accionante Alix Yirley Vargas Torrado”, manifestaron los concejales de La U.

Uno de los concejales que ha defendido la elección de Vargas Torrado, Juan Carlos Capacho, del Centro Democrático, también presentó sus descargos al juez y le manifestó que no se encuentra responsable del desacato del fallo de tutela.

“Es de conocimiento público que he sido coherente en mi reconocimiento del resultado de la convocatoria pública de mérito y mis posiciones siempre han sido en defensa del principio de legalidad”, dijo.

Capacho recordó que en la plenaria del 2 de febrero, radicó una proposición en la que solicitaba que se eligiera a Vargas Torrado, teniendo en cuenta que era la única aspirante de la lista vigente que arrojó la convocatoria pública.

“Por lo anterior considero que me encuentro al margen total de ser objeto de la sanción probable que pueda emigrar su despacho”, dijo.

En trámite se encuentra también la impugnación que presentó la defensa del Concejo y con la cual buscan dejar sin piso la tutela que obligó reanudar el proceso de elección y no abrir uno nuevo.

Sin embargo, mientras esta es resuelta, la mesa directiva debe acatar el fallo ordenado por el juez noveno.

*La Opinión