Si bien en 2015 el Consejo de Estado ya le había negado una tutela al exdiputado Francisco Bermont, mediante la cual buscaba recuperar sus derechos políticos, tras el fallo que decretó la pérdida de su investidura, en 2013, el actual secretario de Agua Potable del Departamento le volvió a apostar a este recurso.

El alto tribunal acaba de  admitir una nueva acción de tutela interpuesta por el exdirigente nortesantandereano, en la que pide anular la sentencia  proferida hace más de tres años en su contra y que lo apartó de la escena electoral, por considerar que había trasgredido la Constitución al hacer aportes económicos a otras campañas siendo diputado.

En el recurso de amparo, Bermont le solicita al Consejo de Estado no seguir desconociendo sus derechos políticos y devolverle su investidura como diputado.

De no ser así, les pide ordenar la revisión de su caso “y que se falle nuevamente, en esta ocasión atendiendo el elemento subjetivo y con pruebas y argumentación relacionadas con el dolo o la culpa grave, hecho que se desconoció en el fallo que aquí se demanda”.

Lo anterior, por cuanto el exdiputado expone que a finales del año pasado, la Corte Constitucional expidió una sentencia en la que se estableció un precedente judicial según el cual, en Colombia está prohibida la aplicación de la responsabilidad objetiva.

En ese sentido, considera que en su caso se debió aplicar “el principio de culpabilidad, o lo que es lo mismo, debería demostrarse el dolo o la culpa”.

“Es evidente que no puede existir dolo o culpa grave en mi accionar al realizar aportes a candidatos de mi propio partido con los que realice alianzas legales, declaradas, que buscaban minimizar los gastos, puesto que a pesar de existir unas normas que limitan este accionar, también es cierto que debe prevalecer lo sustancial sobre lo formal”, argumentó Bermont.

Consideró que el Consejo de Estado cuando profirió el fallo declarando su muerte política, no examinó el elemento de la culpabilidad (dolo o culpa), pues asegura que en la sentencia no se observa en ningún momento un análisis de su conducta.

“Respecto a este tipo de procesos en donde la condena es tan fuerte, debe tenerse en cuenta el análisis de lo establecido en la sentencia de unificación 424 de 2016 (de la Corte) en la que se establece un precedente en materia sancionatoria estableciendo que en procesos de pérdida de investidura se debe realizar un análisis subjetivo”, manifestó el exdiputado en su escrito.

Los hechos por los cuales perdió su investidura como diputado Francisco Bermont, se remontan al periodo 2001-2003, cuando era integrante del Partido Liberal. La demanda fue interpuesta en 2012 por el abogado José Antonio Quintero.