En Cúcuta, al igual que en el resto del país, los integrantes del Centro Democrático y el grupo de ciudadanos ‘No+’, comenzarán hoy con la recolección de las firmas que acompañarán la demanda contra el Acto Legislativo para la Paz y que hacen parte del llamado a la resistencia civil hecho por el expresidente y senador, Álvaro Uribe Vélez.

A las 9:30 de la mañana, voceros del uribismo en Cúcuta y Norte de Santander presentarán la campaña que han denominado ‘Firmemos por Colombia’, en los parques Santander y de Telecom, y harán un recorrido por la zona céntrica de la ciudad para empezar a recaudar los apoyos.

El proceso de recolección de firmas se extenderá durante los próximos dos meses, tiempo en el cual esperan ir sumando el respaldo de aquellos que tienen reparos al proceso de negociación con las Farc. Sin embargo, no precisaron el monto de rúbricas que aspiran recaudar.

“La ‘Proclama por la paz que queremos’ plantea, entre otras cosas, que sea el pueblo el que tenga la última palabra para la refrendación de los acuerdos, punto a punto, de manera transparente y sin cambiar las mayorías legales de participación ciudadana y se pide que la Corte Constitucional modifique el plebiscito por un mecanismo de refrendación que otorgue garantías y permita la expresión de la voluntad popular para decidir sobre cada uno de los asuntos negociados”,  explicaron los promotores de la iniciativa.

Manifestaron que las firmas serán incorporadas, además, en denuncias ante organismos internacionales, como una forma de evidenciar el rechazo del pueblo colombiano a la forma cómo se está negociando con la guerrilla.

“Los acuerdos deben garantizar mínimos esenciales para la verdadera paz: justicia, verdad, reparación de las víctimas y garantías de no repetición. Deben contemplar cárcel para los culpables de crímenes de lesa humanidad y de narcotráfico, que no deben ser premiados con elegibilidad política. La impunidad total genera más violencia y crea riesgos de sostenibilidad a los acuerdos”, reza uno de los puntos de la proclama que sustenta el llamado a la resistencia civil.

En esta también se advierte del rechazo a la idea de que los acuerdos con las Farc sean incorporados a la Constitución, dentro de lo que se ha llamado el blindaje jurídico.

“Rechazamos los atropellos y los poderes exorbitantes que se está arrogando el Gobierno. Poderes con los que pretende dar un golpe al Estado de Derecho y a la institucionalidad, dar un golpe a la soberanía popular para favorecer al grupo narcoterrorista Farc”, sostienen.

La Opinión