Los problemas de inseguridad que se vienen presentando en varias regiones del país volvieron a abrir el debate sobre la posibilidad de levantar las restricciones que existen para el porte de armas en Colombia.

Justamente hace unos días, el abogado Guillermo Rodríguez presentó una demanda ante el Consejo de Estado contra el Decreto 2208 de 2016, que suspende los permisos para la tenencia de armas en el país, con el fin de que este quede sin efecto.

“Hoy, en razón a los asuntos propios de seguridad pública y lo que está sucediendo en Colombia, en las prerrogativas del ámbito jurídico colombiano que permiten hacer uso de la legítima defensa, estamos solicitando al Consejo de Estado una acción de nulidad y una medida cautelar de urgencia, para que deje sin efectos inmediatos ese decreto”, manifestó Rodríguez.

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De acuerdo con el demandante, su solicitud está fundada en que las cifras de robos en las calles y establecimientos comerciales están desbordadas, y la situación de seguridad pública así lo amerita.

“Los ciudadanos deben defenderse de alguna manera y la única forma es que hagan ejercicio de la legítima defensa. No puede haber un policía por cada ciudadano”, defendió el abogado.

Aseguró que el porte no implica necesariamente que las personas se estén tomando la justicia por cuenta propia, sino que se debe permitir un ejercicio legítimo de defensa.

“Lo mejor para contrarrestar la delincuencia es que quienes tienen armas amparadas, que son apenas 460.000, puedan hacer uso del porte de ellas”, señaló.

La demanda de Guillermo Rodríguez se da apenas unos días después del caso del médico que mató a los tres presuntos ladrones que pretendían robarlo mientras transitaba por un puente peatonal, en Bogotá.

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Este hecho ha desatado  una abierta discusión, en torno a si su reacción se constituyó en una legítima defensa o, por el contrario, es evidente que tomó justicia por cuenta propia.

Al respecto, el demandante del Decreto 2208 considera que el proceso que lleva la Fiscalía contra el doctor debe ser archivado, pues se trata de un caso de legítima defensa, y en ese sentido “está en curso una de las exclusiones de responsabilidad penal”.

En Cúcuta también hicieron la propuesta 

A propósito de la demanda radicada en el Consejo de Estado, hace unas semanas, el concejal Jorge Acevedo también abrió la discusión en Cúcuta sobre el porte de armas, luego de que le elevara una petición al presidente Iván Duque, para que contemple la posibilidad de permitir su uso a quienes cuentan con el respectivo salvoconducto.

En la carta, Acevedo planteaba que la prohibición, que se estableció desde finales de 2015 durante el gobierno de Juan Manuel Santos, hace que “los ciudadanos de bien (...), se encuentren inermes la mayor parte del tiempo ante los delincuentes que operan con la tranquilidad de cometer sus fechorías”.

Además, le recordó al jefe de Estado que la condición de frontera en Norte de Santander, hace muy difícil el control del mercado negro de armas, facilitando el accionar de la delincuencia.

A pesar de sus argumentos, analistas consultados en su momento por La Opinión coincidieron en que la seguridad ciudadana no la dan las armas.

“El problema que tiene el porte de armas, incluso con permiso, es que expone a una situación de muy alto riesgo a una persona, porque los ciudadanos del común tienen menos capacidad de usarla, ante un criminal que no tiene ningún tipo de miramiento”, planteó Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de  Conflictos (Cerac).