Una nueva batalla tendrá que librar Néstor Humberto Martínez para permanecer en el cargo como fiscal general. Al debate en el Senado, a las marchas en su contra y a las publicaciones en medios de comunicación en las que se denuncia el supuesto conflicto de intereses por el caso Odebrecht, se suma la demanda ante el Consejo de Estado que busca la nulidad del acuerdo que lo acredita como jefe del ente acusador.

La acción judicial se presentó ante el Consejo de Estado por parte de Dejusticia, la Comisión Colombiana de Juristas y Jorge Iván Cuervo. En el documento, los juristas aseguran que Martínez Neira fue elegido por la Corte Suprema en una decisión con información “incompleta e insuficiente”.

“Existen suficientes evidencias que indican que cuando Martínez fue ternado por el entonces presidente Santos para ser elegido Fiscal, no le informó a la Corte Suprema de Justicia que, durante el tiempo en que ejerció como abogado privado (entre 2015 y 2016) conoció múltiples irregularidades que rodeaban los contratos con los que el Estado estaba pagando la construcción del tramo II de la Ruta del Sol, y en las que estarían involucrados algunos de sus anteriores asesorados”, dicen los demandantes.

A consideración de los juristas, la omisión de esos detalles obstaculizó la labor de los magistrados del alto tribunal al no tener un panorama completo de uno de los candidatos a ocupar el cargo de jefe del búnker para el que también fueron postulados Yesid Reyes y Mónica Cifuentes.

En síntesis, lo que esgrimen los demandantes es que el proceso de elección de Martínez Neira estuvo viciado por falsa motivación. “El punto es que al acto de elección de Fiscal General de la Nación subyacen dos motivaciones, que son las únicas constitucionalmente legítimas: la primera es la intención de plasmar la voluntad de que la mayoría de los magistrados de la Sala Plena de la Corte considera que él era el mejor candidato, y la segunda motivación es el convencimiento de que el jurista elegido era el mejor capacitado y con las mejores condiciones para desempeñar las funciones encomendadas”, advierte el documento presentado el viernes ante el Consejo de Estado.

Quienes propusieron esta demandan insisten en que por el ocultamiento de esa información, los togados no analizaron las consecuencias de los potenciales conflictos de intereses que el entonces candidato tenía con relación al escándalo de corrupción que se entretejió en torno a Odebrecht.

Sobre las motivaciones que llevaron a la presentación de la demanda, los accionantes sostienen que básicamente son “jurídicas, éticas y políticas”. Sobre esta última, aseguran que “Nos interesa a través de este tipo de acciones devolverle a la ciudadanía confianza y credibilidad en la Fiscalía General”.

De este mismo punto advierten que también busca una rendición de cuentas por parte de Martínez Neira en razón a “su conducta cuestionable”.

Cabe recordar que DeJusticia es la corporación que logró, tras una demanda, tumbar al entonces procurador Alejandro Ordóñez.