Procuraduría profirió nueva sanción contra el exgerente.
Compulsan copias a la Fiscalía sobre caso del Centro de Rehabilitación Cardioneuromuscular
Los organismos de control siguen dejando al descubierto las presuntas irregularidades en que incurrió el exgerente del Centro de Rehabilitación Cardioneuromuscular, Luis Fernando Páez Carrascal, durante su paso por esa institución.
La Procuraduría Regional de Norte de Santander, profirió una nueva sanción disciplinaria contra el exfuncionario, esta vez por la posible extralimitación en el ejercicio de sus funciones, al ordenar, autorizar y pagar acreencias por servicios prestados a la entidad, a personas que no tenían ningún vínculo con las mismas.
De esta forma, Páez Carrascal habría permitido el incremento patrimonial injustificado de terceros.
En la decisión de primera instancia, que ordena su destitución e inhabilidad por 12 años, el Ministerio Público infiere que Luis Fernando Páez Carrascal habría sido uno de esos terceros favorecidos y que posteriormente utilizó los dineros para pagar deudas personales.
“Esta conducta desarrollada por el investigado se convierte en un hecho indicativo de su responsabilidad, puesto que es impensable que no haya advertido la transferencia de la suma de $8’192.247 a sus cuentas, ni tampoco la aplicación de la suma de $7’958.317, para cancelar deuda que tenía contraída con la Cooperativa Coomutranor”, reza uno de los apartes del fallo, en el que se advierte que esta última afirmación está debidamente documentada.
Para la Procuraduría, Páez sabía de la situación irregular que estaba cometiendo, al haber consignado y aplicado dineros de cuentas provenientes de acreencias con la empresa Ortopédica Americana Ltda. para fines personales.
La decisión cobija también al pagador del Centro de Rehabilitación, Jesús Antonio Jaimes Olivares, a quien el órgano de control le reprocha el hecho de girar los dineros a Páez Carrascal “conociendo que el gerente no era el beneficiario de las mismas”.
“Ciertamente la conducta imputada a los procesados se adecúa típicamente en el inciso segundo del numeral tercero del artículo 48 del CDU, en la medida en que injustificadamente en forma directa, permitieron un incremento patrimonial injustificado de terceros y personal”, señala el Ministerio Público, al advertir que incurrieron en una falta a título de dolo.
“Luis Fernando Páez Carrascal como gerente de la ESE para la época de los hechos, conocía que los pagos que autorizó y ordenó se hicieron a personas que no tenían legitimación para recibirlos, ni eran beneficiarios de los mismos, más aun los que se hizo a nombre propio y efectivamente los permitió y aceptó”, asegura la Procuraduría al ordenar la sanción disciplinaria.
En vista de lo encontrado, el procurador regional Juan Carlos Bautista decidió compulsar copias de su decisión a la Fiscalía General de la Nación “para que proceda a determinar la viabilidad de investigar penalmente las posibles conductas punibles que puedan derivar de los hechos examinados”.
Sin embargo, el fallo ya fue apelado y se encuentra en estudio en la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa, que será la encargada de confirmar o rechazar la sanción contra Páez.
La sanción anterior
En agosto pasado, la misma Procuraduría Regional de Norte de Santander profirió un primer fallo de destitución e inhabilidad por 10 años, contra Luis Fernando Páez Carrascal como gerente del Centro de Rehabilitación Cardioneuromuscular, por las presuntas irregularidades en que incurrió al suscribir un convenio interadministrativo con el municipio.
Los hechos investigados se relacionan con la suscripción del contrato interadministrativo 467 de 2015 entre el Centro de Rehabilitación y la Secretaría de Salud, cuyo objetivo era apoyar a la Subsecretaría de Salud Pública “en el desarrollo de acciones y actividades de inteligencia epidemiológica, vigilancia en salud pública y vigilancia sanitaria de los eventos de mayor interés en salud pública y el desarrollo de procesos de gestión del conocimiento en personal de salud y comunidad en el municipio”.
Al respecto, la Procuraduría advirtió una falta de competencia y capacidad jurídica para cumplir con los compromisos adquiridos.
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