Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) deberán adoptar correctivos inmediatos para dar una mejor atención a los afiliados que sospechen haber adquirido la COVID-19 o a los que sean declarados positivos.

El llamado de atención fue hecho por la Comisión Regional de Moralización, en atención a las múltiples quejas que se conocieron la semana pasada, respecto a la desatención que estas entidades están protagonizando en momentos en que la curva de la pandemia se encuentra en pleno ascenso.

Los miembros de la Comisión, de la cual hacen parte los representantes de los órganos de control de Cúcuta y Norte de Santander, solicitaron una mayor atención frente a las quejas planteadas, y requirieron a las EPS planes de evaluación y control que den resultados en el mediano plazo, sobre casos concretos.

Durante una nueva sesión de esta instancia departamental, que se llevó a cabo el pasado 19 de agosto, también se analizó, de manera especial, la existencia de un represamiento de pruebas de diagnóstico COVID-19, lo que incluso podría generar un subregistro de las tasas de mortalidad y letalidad.

Así mismo, se habló sobre los problemas de atención en salud por parte de algunas EPS que le estarían diciendo a sus usuarios que los resultados se entregan en diez o quince días hábiles.

Al interior de la Comisión de Moralización se discutió, igualmente, la escasez de medicamentos para el tratamiento de personas en cuidado crítico (UCI), como  relajantes y sedantes, y el bajo número de disponibilidad de camas para cuidados críticos, respecto del aumento en el índice de necesidad de atención.

Respuesta de las autoridades

En relación al represamiento de pruebas COVID-19, los gobiernos departamental y municipal, encabezados por el  gobernador Silvano Serrano, el alcalde Jairo Yáñez, al igual que el director del Hospital Universitario Erasmo Meoz, Tonino Botta, y el director de la ESE Imsalud, Juan Agustín Ramírez, manifestaron que el crecimiento de la pandemia en la región superó en un principio y ampliamente, la capacidad de diagnóstico (las pruebas se debían enviar fuera de la ciudad).

Sin embargo, recordaron que, a la fecha, tres laboratorios públicos procesan pruebas en Cúcuta, articuladamente con un laboratorio privado, (de test que no son considerados rápidos), y si bien en el mes de junio existían más de 4.000 exámenes represados, en el plano público hoy no existen.

Las partes coincidieron en que se espera ampliar la capacidad diagnóstica de estos laboratorios con la puesta en marcha, en los próximos días, de un robot en el Instituto Departamental de Salud.

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Frente a la escasez de medicamentos esenciales para el tratamiento de pacientes COVID en UCI, los especialistas del tema manifestaron que es una situación que se presenta a nivel nacional, y de ello ya se adelantan gestiones con el Ministerio de Salud para garantizar el suministro.

Respecto al número de camas, para cuidado crítico, se indicó que han venido trabajando en aumentar su disponibilidad, pues de 128 camas habilitadas reglamentariamente en el mes de marzo, han adicionado a la fecha 119 transitorias para atender la situación de emergencia en el departamento.

En relación al fenómeno de la poca cultura y conciencia social de los ciudadanos en la zona céntrica, el alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, indicó que están trabajando sistemáticamente en la conjugación de dos tareas: privilegiar la salud y después de la primera fase de aislamiento, permitir paulatinamente el sostenimiento económico de la ciudad.

Explicó que para ello han buscado comprometer a los actores del comercio formal e informal, en la necesidad de respetar las normas de bioseguridad.

Hacinamiento en estaciones de policía

Los miembros de la Comisión Regional de Moralización también discutieron sobre la presencia de un fenómeno de comercio informal y actividad bancaria, entre otras, que genera aglomeraciones en la zona céntrica de la ciudad.

Igualmente, fue objeto de debate la existencia de un número muy alto de detenidos en los puestos de policía no aptos para ese fin, y la necesidad de buscar una solución de fondo a esta situación.

Con relación a los problemas de hacinamiento, las autoridades del departamento y del municipio dijeron a la Comisión que se avanza en la posibilidad de usar la antigua Cárcel de Mujeres, algunos lotes en la zona periférica de la ciudad, pero señalaron que los costos de adecuación, tiempo y condiciones de seguridad no han hecho viable las alternativas propuestas.

El próximo 24 de agosto se hará una nueva reunión entre todas las autoridades interesadas (Fiscalía, Inpec, Policía, Defensoría, Gobernación, Alcaldía, Personería), para continuar en la búsqueda de una solución a este problema, dijo el contralor general del departamento, Sergio Enrique Rosas Ramírez.