Ante una inminente firma de paz por parte del Gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (Farc), el país ya se prepara para iniciar una etapa de posconflicto que si bien promete silenciar las armas y brindar una vida más tranquila, también trae consigo un gran número de desafíos para que la paz sea durable.

Entre los beneficios de un eventual posconflicto en Colombia después de más de 50 años de guerra se encuentra la disminución de víctimas que, según la Unidad de Víctimas, suman hasta ahora 8 millones entre muertos, heridos, desaparecidos, secuestrados y desplazados.

Una de las más altas expectativas para este periodo, que duraría al menos una década, es la erradicación de minas antipersonales sembradas por las Farc en todo el territorio nacional, pues estos artefactos han afectado a cerca de 11.000 personas durante la guerra más antigua del continente.

La vereda El Orejón, ubicada en el departamento de Antioquia y en donde viven 23 familias, fue señalada en 2015 como el lugar más minado de Colombia. Allí hay más de 3.000 minas sembradas por el frente 36 de las Farc y por esta razón fue escogido como sede del proyecto piloto de desminado humanitario acordado en Cuba por el Gobierno y las Farc.

Uno de los retos en el proceso de desminado humanitario del territorio nacional es la implementación de la seguridad necesaria que impida que se pierdan más vidas a causa de las minas.

Tan solo un día después de iniciarse el proceso de desminado en El Orejón, el soldado Wilson de Jesús Martínez murió al pisar uno de estos artefactos y el pasado mes de enero en el departamento del Cauca, un perro antiexplosivos llamado Azabache perdió la vida al ubicar una mina en el corregimiento de Patio Bonito.

En segundo lugar, se acabaría con el reclutamiento de menores de edad por parte de los grupos armados que, según cifras oficiales, ha dejado a 8.000 menores vinculados a las guerrillas, privados de su libertad, de su familia y de las posibilidades de acceder a la educación.

Surge ahí un gran desafío para el Gobierno que en tiempos de paz deberá garantizar la educación de calidad para todos los menores de edad en estas zonas de influencia de la guerrilla para evitar brotes de criminalidad por falta de oportunidades.

De igual manera, el Estado y los empresarios del país tienen un importante compromiso que consiste en generar empleos para los cerca de 10.000 hombres que hoy tiene la guerrilla de las Farc y que buscarán reintegrarse a la sociedad a través de un trabajo digno.

Para evitar que entre los excombatientes surjan nuevos grupos criminales es indispensable garantizar su seguridad, su inclusión real que consiste en darles la oportunidad para vivir bien, lejos de las armas.

Cabe recordar que hoy, la mitad de los miembros de las llamadas Bandas Criminales (Bacrim) dedicadas a cometer delitos como la extorsión y el narcotráfico, son excombatientes de grupos paramilitares con el que otro Gobierno firmó un acuerdo de paz.

Económicamente el país también tiene un gran reto, ya que para implementar los acuerdos firmados entre las partes en Cuba deberá invertir entre 5.000 y 18.000 millones de dólares cada año.

Sin embargo, la ayuda de la comunidad internacional será fundamental para amortiguar este costo. China, Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea ya han anunciado ayudas económicas a Colombia para el posconflicto están

Se espera también que los acuerdos entre Gobierno y Farc se vean compensados con el crecimiento del desarrollo del país en diferentes sectores que han sido afectados por el conflicto armado.

Uno de esos sectores es el agro, quizás el más afectado por la violencia en el país que obligó a miles de familias campesinas a desplazarse a las ciudades para evitar morir en medio de la guerra por los territorios.

El Ministerio de Agricultura ya ha anunciado reformas para incentivar el desarrollo del sector agrícola en el país andino.

Uno de los mayores desafíos es el de fomentar entre las nuevas generaciones el deseo de regresar a trabajar en el campo a producir, tras vencer el miedo a la violencia que afectaba la vida de sus padres y abuelos.

El crecimiento de este sector también estaría asociado a la estrategia de Colombia en la lucha antidrogas que se concentra ahora en gran parte en la erradicación de cultivos ilícitos de los cuales viven hoy alrededor de 70.000 familias y en la sustitución de estos por cultivos legales.

De acuerdo con las Naciones Unidas las hectáreas sembradas con coca se han duplicado en los últimos años y llegan a 96.000 hectáreas, siendo los departamentos más afectados Cauca, Nariño, Putumayo, Norte de Santander y Guaviare.

En tercer lugar, el turismo se verá favorecido por el fin de la guerra y se reactivaría en muchos lugares del país que antes representaban una amenaza de seguridad para turistas nacionales y extranjeros.

El presidente Juan Manuel Santos dijo en las últimas horas que el final del conflicto armado permitirá a colombianos y extranjeros viajar a regiones con gran riqueza natural que durante la guerra se denominaron como "zonas rojas".

Santos recordó que el Travel Warning de Estados Unidos mantiene una alerta de viaje a Colombia a sus ciudadanos por cuenta del conflicto armado con grupos armados y que esto cambiaría al firmarse un acuerdo de paz con la guerrilla.

Agregó que para garantizar un turismo seguro en el país se incrementará el número de Policías de Turismo en el país que ya son 900 efectivos y que se espera aumente a 1.300 en 2017.

Este cuerpo de la Policía tiene como tarea vigilar los lugares turísticos así como brindar información sobre los destinos y productos a visitantes nacionales y extranjeros,  además de combatir delitos como la explotación sexual.

Por último, la inversión extranjera también se vería afectada de forma positiva con el fin del conflicto armado.

Según el presidente, el Gobierno invertirá 25.000 millones de dólares en infraestructura, competitividad y tecnología en los próximos años, y de esta manera incidirá en la decisión de empresarios extranjeros de invertir en Colombia.

De acuerdo con un informe del Banco de la República, el flujo de inversión extranjera directa (IED) en Colombia para el tercer trimestre del 2015 fue el más bajo en 5 años, mientras que en lo corrido de 2015 se presentó una disminución de 23 por ciento.

Después de más de 3 años de conversaciones, el Gobierno y la guerrilla de las Farc anunciaron el pasado 23 de junio un histórico cese al fuego bilateral, y se espera que ambas partes firmarían el acuerdo final en los próximos días.

Sin embargo, el proceso de posconflicto sólo podrá comenzar si el Gobierno de Juan Manuel Santos logra convencer al pueblo colombiano a través de un plebiscito que será el instrumento legal utilizado para que los colombianos decidan si se implementa o no el acuerdo final.

Según lo establecido por la Corte Constitucional, se requieren 4.514.801 votos por el "Sí" para llegar al umbral de aprobación del 13 por ciento.

Aún no puede descartar la posibilidad de que gane el "No", ya que la oposición encabezada por el expresidente y senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, ha emprendido una campaña nacional para que los colombianos se decidan por el "No" a la implementación de los acuerdos con la guerrilla por considerar que promueven la impunidad.

De otro lado, para iniciar completamente el proceso de posconflicto el país se requiere no sólo terminar el conflicto armado con las Farc, sino con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln), la segunda guerrilla de Colombia con la cual el Gobierno inició diálogos exploratorios sin que se haya establecido una mesa de diálogo ni algún cese al fuego. 

Bogotá | Colprensa