En sesión permanente se declaró la sala plena del Consejo Nacional Electoral, CNE, que deberá definir antes del 25 de octubre las demandas que hay contra más de 200 candidatos a diferentes cargos que aspiran en las elecciones del 27 de este mes.

Estas denuncias, en su mayoría están instauradas por el delito de doble militancia, inhabilidad para aspirar, entre otros, motivo por el cual los magistrados determinaron volver a aplazar, por segunda vez, el proceso que se curso contra el expresidente de la República, Juan Manuel Santos, por la financiación en la campaña en la reelección de 2014, en donde presuntamente recibió de manera irregular de la multinacional Odebrecht.

Le puede interesar: Las elecciones avanzan sin saber cómo se financian los candidatos​

“El CNE se declaró en sesión permanente hasta el 25 de octubre para tratar los temas exclusivamente relacionados con este proceso electoral. Esto incluye temas de revocatoria. Por tanto las audiencias programadas en relación con la financiación de la campaña Santos 2014, se aplazan para el 31 de octubre y 1o de noviembre de 2019", indicó un comunicado oficial en tal sentido.

Entre los casos que está pendiente de decidirse es la revocatoria de la inscripción de la candidatura de Arley Gómez, aspirante de la Alianza Verde, quien aspira a la Gobernación del Meta.

Contra Gómez pesan varias denuncias, por ejemplo una de varios comerciantes de Acacías, Meta, quienes aducen que él les prometió hace una década títulos de propiedad en Mapiripán para un negocio, pero hasta el momento los documentos no se han expedido, aunque ellos le entregaron millonarias sumas de dinero que les solicitó.

En tal sentido el comerciante John Baquero, sostuvo que en 2009 un grupo de 30 personas se reunió con Gómez para comprar el predio, “adquirimos un predio baldío y él se comprometió a sacar los papeles, pero llevamos 10 años esperando. Él dijo que tenía un documento y que con eso se podían sacar los papeles”.

El candidato Gómez además tiene en curso una denuncia penal en su contra por lesiones personales contra la señora Rosa Gómez, quien lo acusó ante la Fiscalía General por estafa y obligarla a salir de su finca a donde se habría acercado el candidato acompañado, presuntamente, de un grupo de paramilitares para obligarla a salir.

De otra parte el Consejo Nacional Electoral compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que determine si hay lugar a investigar a 559 ciudadanos que presuntamente suplantaron la identidad de otras personas para poder votar en las elecciones territoriales del 27 de octubre.

"Tras cotejar la información con el archivo nacional de identificación y la base de datos de las huellas digitales para verificar la plena identidad de las 3.683.499 personas inscritas en todo el país, la Registraduría Nacional del Estado Civil reportó al CNE incongruencias entre los datos reportados por estos ciudadanos y las huellas que fueron tomadas en el proceso de inscripción de la cédula. Después de verificar los datos también se encontró que algunos suplantaron las cédulas de ciudadanía de personas fallecidas. Estas personas podrían terminar privadas de la libertad por incurrir en los delitos de uso de documento falso, ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédulas o falsedad material en documento público", se indicó en comunicado.