Pocas veces en el Congreso de la República un tema logra el apoyo de la mayoría de los partidos, y menos cuando se trata de un asunto que genera tanta controversia como lo es la corrupción.

Aunque se necesitaron muchas horas de deliberación y agotar procedimientos que para algunos resultaban innecesarios, como los impedimentos presentados por un buen número de senadores, al final la conclusión es que esta corporación sí votará la conveniencia de la Consulta Anticorrupción, pero después de que se supere la efervescencia de la elección presidencial.

Una de las principales promotoras de esta iniciativa, histórica si logra llegar a las urnas y recibir el respaldo de los colombianos, la senadora de la Alianza Verde, Claudia López, asegura que si bien hubieran querido que el mecanismo se avalara el martes, el resultado fue bueno.

“Todos los colombianos que firmaron deben saber que si hubiéramos presionado una votación sin acuerdo, se habría perdido la consulta y estaría hundida. Lo que logramos fue un acuerdo”, explicó.

López señaló que dicho acuerdo fue suscrito por seis bancadas distintas al Polo y los indígenas, como el Centro Democrático, el Partido Liberal, el conservatismo, Opción Ciudadana, MIRA y un sector de la U. Cambio Radical no se comprometió.

La senadora y fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, dijo que la cifra de los $300.000 millones que supuestamente cuesta celebrar la consulta, “fue sacada del sombrero de Roy Barreras”.

“Esta es, además, una consulta que ahorra plata. Estos congresistas que le pusieron IVA del 19 a los colombianos ahora sí están preocupados que cueste convocar la consulta. Lo que pasa es que no les gusta que les bajen el salario, que les pongan controles y que rindan cuentas y muestren el patrimonio”, consideró.

López desvirtuó también algunos de los cuestionamientos que se le han hecho al contenido de la iniciativa, y señaló que en el caso de la reducción de los salarios, por ejemplo, el régimen lo fija el Congreso “y por eso se han dado muchas gabelas. Eso está a nivel legal y no constitucional”.