Los aspirantes radicaron un derecho de petición en la Alcaldía de Cúcuta.
Cinco candidatos piden frenar el trámite del POT
![Cinco candidatos a la Alcaldía de Cúcuta radicaron el 3 de octubre un derecho de petición para exigirle al alcalde César Rojas que reversara el trámite del POT en el Concejo. La firma de esta solicitud selló el primer acuerdo entre estos aspirantes y podría representar el punto de partida de una posible alianza entre sus proyectos políticos.
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El trámite del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en el Concejo de Cúcuta, que fue solicitado el martes de esta semana por parte de la Secretaría de Planeación de la Alcaldía, se convirtió en un motivo de concertación entre cinco aspirantes a conquistar el Palacio Municipal.
Los candidatos Víctor Suárez, del Partido Conservador; José Fernando Bautista, del movimiento Ciudadanos por el Cambio; Hernando Acevedo, de la Alternativa Democrática (AD); Donamaris Ramírez, del Partido Alianza Social Independiente (ASI), y Carlos Mayorga, de la Colombia Humana-UP, se unieron para exigirle al alcalde César Rojas la suspensión del proceso para el POT.
Por medio de un derecho de petición, que fue radicado el 3 de octubre en la administración municipal, los firmantes sentaron su postura en contra del estudio sobre los 323 artículos y 5 anexos del documento, que inició la corporación administrativa municipal del proyecto 028.
“Los candidatos a la Alcaldía de Cúcuta solicitamos que se suspenda la ejecución del trámite del nuevo POT. En su defecto, se liquide el contrato firmado o se exija los estudios necesarios para la toma de decisiones, o se permita que el nuevo alcalde de los cucuteños lo haga sin ninguna premura”, señalaron los aspirantes.
En sus 13 páginas, la solicitud esgrimió argumentos de tipo legal, técnico y moral para evidenciar un entramado de inconsistencia y vacíos, que dejaría sin sustento la propuesta del gobierno local.
Asimismo, en el oficio se aseguró que la versión del POT se aleja del marco regulatorio consignada en la Ley de Áreas Metropolitanas, y desconoce los postulados del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Pamplonita (POMCA), y del Plan Maestro de Transporte.
“En general, el documento –del POT- permite concluir que se ha venido avanzando sin los soportes técnicos requeridos. En cada temática, el proyecto remite a la realización de estudios de todo tipo, los cuales esperábamos encontrar como resultado de la consultoría contratada por el municipio, pero estos a la fecha no se conocen, como tampoco los nombres de los expertos, su trayectoria y los contratos realizados con ellos”, advirtió el derecho de petición.
En un apartado de la solicitud, los cinco aspirantes formularon ocho preguntas, cuestionando la gestión de Corponor en la elaboración de los estudios ambientales; el manejo de los recursos por parte de la Secretaría de Planeación de Cúcuta para emitir el concepto técnico; y la idoneidad de la consultoría contratada por el ente territorial para confeccionar los soportes de la iniciativa.
“En las condiciones en que se encuentra el trabajo, lo más conveniente para la ciudad sería que dicho proyecto, que a todas luces es incompleto e ilegal, no sea sometido a consideración por el Concejo y que en su lugar se surtiera una discusión de fondo en materia de ordenamiento territorial, debidamente sustentada”, advirtieron en este recurso.
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La convergencia de los cinco candidatos sobre este tema es un hecho inesperado, que se produce en el marco de la contienda electoral, porque es la primera vez en más de dos meses de campaña que varios aspirantes a la Alcaldía se despojen de sus diferencias para acordar una postura.
Este ejercicio de concertación entre los aspirantes ya generó reacciones en algunos sectores de la ciudad.
El concejal Bachir Mirep Corona, quien fue designado por la corporación como ponente de la discusión en torno al POT, dijo que para la otra semana se tiene previsto desarrollar un debate sobre este proyecto, con la participación de la comunidad, los empresarios y los órganos de control.
“Los candidatos, que tienen alguna observación, son bienvenidos al diálogo (...) Lo que nosotros hacemos es revisar la conveniencia y la legalidad, escuchar los distintos actores involucrados y tener un concepto jurídico del Concejo”, precisó el cabildante.
La corporación tiene un plazo de 90 días para tomar una decisión. Sobre los tiempos de discusión, el artículo 26 de la Ley 388 de 1997 indica: “transcurridos noventa (90) días desde la presentación del proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial sin que el Concejo municipal o distrital adopte decisión alguna, el alcalde podrá adoptarlo mediante decreto”.
Aunque Mirep Corona precisó que la iniciativa surtió adecuadamente las fases iniciales de concertación para construir el documento base, el concejal afirmó que hasta no estudiar en detalles el proyecto, se abstendrá de emitir algún tipo de concepto.
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